Según ha explicado el partido de Carles Puigdemont en el Congreso, Junts ha acordado con el Gobierno, a cambio de su apoyo al real decreto aprobado para mitigar el impacto de los aranceles, que las ayudas a las empresas para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por la administración Trump estén condicionadas al peso de las exportaciones a Estados Unidos.
De este modo, los independentistas catalanes logran que Cataluña recibirá el 25% de los 14.100 millones de euros aprobados.
Según ha explicado este martes en el Congreso el partido de Carles Puigdemont, esta ha sido su condición para votar a favor del real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros.
El diputado de Junts en el Congreso Josep Maria Cruset ha anunciado el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo que, según ha dicho, implica también que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparezca de manera trimestral para actualizar la información sobre las ayudas.
Junts, ha afirmado Cruset, defiende así los intereses de Cataluña, consigue que reciba «lo que es suyo» y hace «una vez más el trabajo que no hace la Generalitat» que, a su juicio, es la «sucursal» del Gobierno central.
Junts asegura que si Sánchez negocia bajo sus planteamientos llegarán a más acuerdos en el Congreso
Según fuentes de la formación catalana, ha sido el Ejecutivo quien se ha puesto en contacto con ellos y el acuerdo se ha forjado esta mañana, aunque se empezó a negociar a finales de la semana pasada.
Además de la comparecencia de Cuerpo, el Gobierno deberá informar del reparto territorial de las ayudas cada tres meses y cuáles son las empresas beneficiadas, han detallado las mismas fuentes.
Asimismo han recordado que Junts es el grupo «más previsible» del Congreso y que, si el Ejecutivo negocia bajo sus planteamientos, podrán alcanzarse más acuerdos durante la legislatura.
Fuentes del Gobierno, que ha marginado al PP para pactar con Junts, intentan ‘maquillar’ esa nueva cesión de Sánchez al prófugo Puigdemont y han apuntado que ese 25 % divulgado por Junts surge de estimar, efectivamente, la probable afectación de sectores exportadores de Cataluña a los aranceles de Estados Unidos.
El Gobierno se defiende destacando el carácter exportador de las empresas alemanas
Para explicarlo han puesto como ejemplo un sector como el farmacéutico, muy asentado en Cataluña, cuya afectación, de confirmarse, haría que una buena parte de las medidas de ayuda, como créditos ICO, fueran hacia ese destino.
En todo caso, las mismas fuentes han concretado que, por ejemplo, respecto a los 5.000 millones de euros en créditos ICO, se trata de un techo muy amplio, pero, si hace falta subirlo, algo no esperado en estos momentos, subirá.
De este modo, insisten las fuentes, no habrá competencia ni entre sectores, ni entre territorios, pues la distribución se orientará a demanda, y siempre en función del impacto en cada territorio por causa de los sectores exportadores afectados, como podría ser la aceituna en Andalucía, el vino en el País Vasco, o la ya citada farmacia en Cataluña.
La situación, en todo caso, es volátil, han insistido las fuentes, y hay muchas variables en juego.
Habrá financiación para todas las empresas por los aranceles
El anuncio de Junts ha chocado con el rechazo frontal del PP, que ha acusado al Gobierno de expulsarle de las negociaciones para la respuesta a la crisis arancelaria al pactar «unilateralmente» con Junts un cupo que «reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles».
Ante estas críticas, fuentes del Gobierno han insistido en que el plan de respuesta es a demanda y habrá financiación para todas las empresas que lo requieran.
Estas mismas fuentes explican que el texto pactado con Junts prevé que los instrumentos de apoyo se pongan a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición a la crisis, lo que implica que las regiones más afectadas podrían necesitar más acceso a la financiación.
En cualquier caso, la financiación se concederá a las empresas que lo soliciten y el seguimiento se realizará de forma transparente mediante mecanismos articulados con las comunidades autónomas y con rendición de cuentas ante las Cortes, según dice el Gobierno tras el anuncio de la conquista de un nueva cesión por parte de Puigdemont.
