La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa de Herrero Brigantina
Juan González Herrero, presidente del Grupo Herrero Brigantina.

La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa de Herrero Brigantina

11 enero, 2024
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Actualizado: 11 enero, 2024 11:38
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha asumido la investigación a la empresa Herrero Brigantina por los presuntos delitos de estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y apropiación indebida en la comercialización de productos financieros.

En un auto fechado el pasado 9 de enero al que ha tenido acceso EFE, el magistrado explica que procederá a la apertura de diligencias, que se sumarán a las ya iniciadas contra Herrero Brigantina Servicios Financieros y North Atlantic Insure Broker.

La querella, presentada por la Asociación Nacional en Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), centró su acusación inicialmente contra ambas sociedades, y posteriormente quedó ampliada al consejero delegado de Herrero Brigantina, Juan Carlos González Herrero, y a una decena de personas.

La Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones ya advirtió en su momento de que las empresas de Herrero Brigantina no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros

Se trata de Kelly Johana Galeano Orrego, vicepresidenta y directora general de Operaciones y Recursos Humanos de Herrero Brigantina y esposa de González Herrero; Óscar Torres Cascudo, consejero y letrado asesor; Samuel López López, vicepresidente segundo; Benjamín Suárez García, miembro del Consejo de Administración de la empresa NAIBC; Jorge Cantón Vázquez; Antonio Lamas Domonte; Olga López López; Mónica Diéguez y Macarena Bueno.

La Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones ya advirtió en su momento de que las empresas de Herrero Brigantina no estaban autorizadas para operar como aseguradoras o empresas de distribución de seguros, pese a lo cual se comercializaron planes de pensiones, hipotecas y préstamos dando a entender que se encontraban aseguradas.

Según los afectados, al solicitar el rescate de la póliza, no pudieron recuperar el dinero invertido.

Aunque no está confirmado el número de perjudicados, algunos de los cuales reclama cantidades superiores a los 300.000 euros, fuentes cercanas a la investigación señalan que puede haber más de 35.000 clientes en toda Europa, entre los que figuran pymes, autónomos y particulares. 

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