El Parlamento Europeo quiere endurecer las condiciones para los inversores extranjeros que entren en sectores estratégicos en la Unión Europea más de lo propuesto por la Comisión Europea en la futura Ley de Aceleración Industrial, que busca limitar el peso de China y favorecer la producción local en industrias clave.
El borrador del informe sobre la normativa elaborado por los negociadores de la Eurocámara pide rebajar a 50 millones de euros el umbral a partir del cual un inversor extranjero deberá cumplir con requisitos de contratación y producción local para operar en el bloque, frente a los 100 millones propuestos por el Ejecutivo comunitario.
Aunque ninguna institución lo menciona explícitamente, la medida se dirige de facto a limitar las inversiones de China, ya que se aplicaría a inversores de países que controlen más del 40 % de la capacidad global de producción del sector en cuestión.
Los inversores que entren en esta categoría deberían emplear al menos un 50 % de trabajadores comunitarios, operar junto a empresas de la UE, limitar a un máximo del 49 % la propiedad y el control extranjero del proyecto, así como usar al menos un 30 % de insumos producidos en la UE, tener acuerdos de transferencia de tecnología e invertir en I+D en el bloque, de acuerdo con la propuesta de la Comisión.
Los ponentes parlamentarios plantean endurecer algunos de los requisitos de las inversiones
Los ponentes parlamentarios plantean endurecer algunos de estos requisitos, elevando al 60 % la cuota de mano de obra local y al 50 % el porcentaje de insumos de origen comunitario usado en los productos que pongan en el mercado de la UE.
Además, piden que estos tengan que asegurar «condiciones de trabajo decentes» a sus empleados en la UE, sean europeos o no, y cumplir con las normas laborales comunitarias y convenios colectivos, así como limitar aún más la transferencia de propiedad intelectual.
El documento, que aún tiene que recibir el visto bueno de la Eurocámara y podría cambiar antes del voto en pleno, previsto para diciembre, fijará la posición del Parlamento para negociar con los Gobiernos de los Veintisiete en texto definitivo de una ley que también introduce requisitos mínimos de contenido producido en Europa para sectores clave (tecnologías limpias, automóvil y construcción) cuando reciban fondos públicos.
La Comisión Europea propuso que puedan considerarse equivalentes al «made in Europe» los productos de países de «confianza» y la Eurocámara pide incluir varios requisitos para designarlos como tal, entre ellos, que tengan normas de competencia equivalentes a las europeas, que respeten los derechos humanos o que cumplan el Acuerdo de París por el clima.
La mayoría de los Estados miembros pidieron inicialmente cautela con la legislación
La mayoría de los Estados miembros pidieron inicialmente cautela con la legislación, que algunos ven demasiado proteccionista y temen pueda desatar represalias por parte de terceros países, y todavía no han pactado su posición.
China ya ha criticado duramente la medida, que también ha generado recelos en el Reino Unido.
Pese a ello, Bruselas sigue apostando por una estrategia de «preferencia europea» en el uso de fondos públicos, incluido con de la nueva Ley de Contratación Pública presentada ayer, que plantea exigir un mínimo de criterios de calidad en las ofertas con el objetivo de que esto favorezca a las empresas del bloque y prevé que se puedan descartar las ofertas de algunos terceros países.
«Algo va realmente mal cuando los Estados miembros ponen cada año 2,5 billones de euros de dinero público sobre la mesa, con licitaciones y ayudas de Estado, mientras que dejan que mil millones al día vayan a China», dijo en un comunicado uno de los ponentes del informe parlamentario, el eurodiputado socialista Pierre Jouvet.
