Los funcionarios de Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) denunciarán el lunes 10 de febrero ante la Fiscalía General del Estado los casos recopilados de suspensión de la asistencia sanitaria a mutualistas por parte de las aseguradoras de Muface.
En un comunicado difundido este viernes, el sindicato pide a la Fiscalía que investigue los centenares de quejas que reciben diariamente de mutualistas a los que se les están anulando citas, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.
Esta desasistencia, apunta CSIF, mantiene una «situación de incertidumbre permanente» en 1,5 millones de mutualistas, por lo que CSIF reitera la necesidad de la huelga convocada para el jueves 13 de febrero a la que están convocados más de medio millón de funcionarios de diferentes ámbitos del sector público.
En los cuatro meses de crisis en los que lleva sumida la mutualidad, estas han logrado tres subidas de la prima. Desde el 17% ofrecido inicialmente hasta el 41,2% actual.
Los funcionarios también ven necesario un cambio en las formas, que evite en el futuro volver a vivir la misma «situación de desamparo». De ahí que desde CSIF se mantenga la huelga convocada para el 13 de febrero.
Por otro lado, en una publicación de LinkedIn Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda, propone una solución para desmantelar Muface de forma progresiva y con la menor repercusión.
A la espera de que se resuelva la licitación del nuevo concierto sanitario para los funcionarios de Muface, el actual concierto se ha prorrogado durante tres meses, lo que obliga a las actuales prestadoras del servicio (Adeslas, Asisa y DKV) a seguir atendiendo a los mutualistas.
