La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha pedido este viernes al Gobierno que incluya en el primer decreto que apruebe para paliar el impacto de la guerra en Irán una prórroga automática por tres años de los contratos de arrendamiento en vigor, lo que supondría la congelación de los precios de unos 600.000 alquileres.
Sumar lleva meses intentando sin éxito que el PSOE adopte esta medida, que los socialistas rechazan por considerar que podría ser inconstitucional.
El sindicato de inquilinos no exige medidas al Gobierno, sino que el Gobierno se las exija a los propietarios de inmuebles y que sean estos los que tengan que asumir la carga económica de impagos o congelación de alquileres
La confederación de inquilinos también reclama, en un comunicado, que el Ejecutivo recupere en ese eventual decreto la moratoria de los desahucios de familias vulnerables, que quedó derogada el pasado febrero en el Congreso por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts al calificarla estos partidos de coladero legal de okupas en los inmuebles de propiedad privada.
Argumenta que la vivienda es el principal factor de empobrecimiento de los hogares españoles y que, por tanto, deben contemplarse medidas de protección de los inquilinos en el Real Decreto de medidas para hacer frente a la inflación por la guerra de Irán.
Tras subrayar que este año vencen 600.000 contratos de alquiler que afectan a 1,6 millones de personas en toda España, advierte de que éstas pueden «verse en la calle», si el Gobierno no actúa de urgencia en un contexto inflacionista para los hogares.
La confederación sostiene además que la guerra en Irán desencadenará una «mayor tensión en los alquileres de las ciudades» por la mayor «entrada en España, como país seguro dentro de la UE, de capitales extranjeros refugiando sus inversiones en el sector inmobiliario».