La derogación del real decreto ley que permitía a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de alquiler que vencían antes del 31 de diciembre de 2027, así como topar los precios, uan medida que según defiende la oposición va a favorecer la ‘okupación’ de viviendas ha sembrado dudas jurídicas entre propietarios e inquilinos y reavivado las movilizaciones sociales en la calle, alentadas por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que dio por válido el real decreto solo con la aprobación del Ejecutivo de PSOE-Sumar, sin contar con el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de Sánchez está en minoría, una minoría que quedó patente en las elecciones generales de 2023 que perdió el líder socialista (PP, 137 diputados, PSOE, 121).
Tras decaer este pasado martes en el Congreso, tal y como se preveía, el Gobierno apela al diálogo para llegar a un acuerdo que dé respuesta al principal problema de los españoles.
Antes de esa votación, Bustinduy se dedicó a enviar cartas a propietarios e inquilinos instando a aplicar en los contratos un real decreto que no contaba con validez y su base legal alguna al no estar aprobado por el Congreso de los diputados. El sector ya advirtió que dicha actitud lo único que provocaba era enfrentamientos entre propietarios e inquilinos.
Un escenario incierto
La no convalidación del decreto ha generado muchas dudas jurídicas entre propietarios e inquilinos. Mientras el decreto estuvo en vigor, entre el 22 de marzo y el 28 de abril de 2026, generó numerosas solicitudes de prórroga.
Los expertos legales creen que si el inquilino solicitó la prórroga durante la vigencia del Real Decreto, el arrendador está obligado a aceptarla. La norma establecía que en todos los contratos que tengan su vencimiento antes del 31 de diciembre de 2027, el inquilino podía solicitar la prórroga de dos años.
Más dudas genera si el inquilino no llegó a solicitar esta prórroga aunque su contrato vencía en ese periodo o si la solicitó durante la vigencia del Real Decreto pero su alquiler no había vencido. En estos casos, tanto propietarios como inquilinos podrían acabar llegando a los tribunales con lo que ello supone.
Por ello, desde el sector piden al Gobierno que aclare, con urgencia y por escrito, los efectos jurídicos que tendrá.
Bustinduy, erre que erre con su decreto, intenta convencer a la ‘clasista’ y ‘racista’ Junts
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este miércoles que «volverá a llevar» al Congreso la prórroga de los alquileres «hasta que sea una realidad» y que está dispuesto a «retomar» las negociaciones con Junts, un partido, que el suyo, Sumar, considera ‘clasista’ y ‘racista’ y el PNV para conseguir su apoyo.
Bustinduy ha explicado, en una entrevista en RNE, que las demandas de Junts «no hacen inviable un acuerdo en absoluto» y que muchas son «matizaciones» y cuestiones «perfectamente negociables».
Ha puesto como ejemplo la petición del IVA franquiciado, que ya fue objeto de un «preacuerdo» con el Gobierno, según ha recordado.
En la misma línea, se ha mostrado convencido de que los argumentos que ayer esgrimió el PNV para abstenerse en la votación son «solucionables también», si hay «voluntad política».
A su juicio, los motivos que dieron todos los grupos que votaron en contra del decreto ley de prórroga de los alquileres fueron «extemporáneos» y «ninguno de fondo», lo que permite «reconstruir el acuerdo».
Éste pasaría por negociar varias medidas, como la de las bonificaciones fiscales como incentivo para que los caseros bajen los precios, por regular el alquiler de temporada y por restringir la compra especulativa de vivienda, ha apuntado.
Tras criticar la «desconexión entre la clase política y la angustia de las familias» que, en su opinión, se vio ayer en el debate del Congreso, Bustinduy ha confiado en que «la próxima vez» el Ministerio de Vivienda estará más convencido del «consenso» en torno a esta medida y ha vuelto a garantizar que «todas las prórrogas solicitadas con el decreto en vigor son validas y obligatorias».
