Gobierno y agentes sociales cierran un acuerdo para la ley de los «riders»

El Gobierno, los sindicatos y la patronal han cerrado este miércoles un acuerdo para la ley que fijará la condición de asalariados de los denominados «riders», los repartidores de las plataformas digitales, que dispondrán de un plazo de tres meses antes de que la norma entre en vigor.

En un comunicado conjunto del Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se recoge que las tres partes se han puesto de acuerdo «para establecer la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales».

Por medio de un decreto ley de artículo único se modificará el Estatuto de los Trabajadores para fijar la presunción de laboralidad en el ámbito de las plataformas digitales de reparto.

Se reconocerá la presunción de laboralidad «de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital».

El apartado dos del artículo único del decreto ley contemplará que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

Esto último había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados por las plataformas digitales.

La norma concluye con una disposición final única que fija su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con esta ley se adapta al marco normativo la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció que la relación entre un repartidor y la empresa Glovo tenía naturaleza laboral, dado que la plataforma no es una mera intermediaria entre comercios y repartidores, sino que es la prestadora del servicio de reparto y fija las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio.

En los inicios de la negociación se planteó extender la norma a todo tipo de plataformas digitales cuyos trabajadores pudieran también considerarse como falsos autónomos, pero finalmente solo afectará a empresas como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats que contratan como autónomos a repartidores a domicilio.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará mañana en rueda de prensa el contenido del acuerdo para la ley de los «riders» que podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros.

En declaraciones remitidas a los medios, la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, ha considerado que el acuerdo es un paso adelante en un camino que se inició con el objeto de seguir avanzando para regular las condiciones laborales de los trabajadores de todas las plataformas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, lo ha calificado como un hito y un paso cualitativamente muy importante en la regulación de la nueva economía de plataformas, «que hasta ahora se había utilizado para precarizar el empleo» y que cree que se tiene que extender al conjunto de la relaciones que se dan en todas las plataformas digitales.

Las plataformas de reparto cargan contra la CEOE

Por otro lado, las plataformas de envío de comida a domicilio Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats han criticado a la CEOE por ceder y firmar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y sindicatos para consensuar la «Ley Rider», que pretende obligarles a contratar a sus repartidores e incluye desvelar sus algoritmos.

«Las cesiones de la CEOE han sido totales», han lamentado las cuatro compañías en un comunicado conjunto difundido este jueves por la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que integra a todas ellas.

Los miembros de APS pertenecen a la entidad patronal Adigital, miembro a su vez de la junta directiva de la CEOE, entidad que ha representado las posiciones defendidas por las empresas de reparto durante las negociaciones en la mesa de diálogo social iniciadas en octubre.

En los últimos años, tanto la Inspección de Trabajo como varias sentencias judiciales (inluida una del Supremo) habían cuestionado esta calificación y los consideraba «falsos autónomos», mientras que las empresas del sector abogaban por un cambio normativo que no obligara a contratarlos en plantilla.

Además de recoger esa «presunción de laboralidad», el acuerdo alcanzado también obliga a las plataformas a informar a los sindicatos sobre las reglas que rigen los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en los que se basan a la hora de gestionar su plantilla de repartidores.

Esto último había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados por las plataformas digitales.

«Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa de diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector de reparto de comida a domicilio ha sido tenida en cuenta», han subrayado desde la asociación que agrupa a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats.

Asimismo, han cargado precisamente contra la «obligación de revelar los algoritmos», y advierten de que se trata de una medida «que afectaría muy negativamente el desarrollo de la economía digital en España y atenta contra los principios más básicos de la libertad de empresa».

En su opinión, la «laboralización forzosa propuesta por el Gobierno» es igualmente motivo de «preocupación», y han subrayado que varias asociaciones de repartidores pro-autónomos ya han expresado su rechazo.

Además, han advertido del riesgo que entraña la medida para la hostelería, que ha encontrado en el envío a domicilio una alternativa para compensar la fuerte caída de ventas provocada por la pandemia.

Las plataformas han recalcado que otros países europeos han aprobado regulaciones «que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos».

Según sus cálculos, el sector del «delivery» aporta 700 millones de euros al PIB nacional y da empleo como repartidores a cerca de 30.000 personas en España.

Estas mismas compañías han estimado que cerca de tres cuartas partes de estos «riders» corren el riesgo de «perder su fuente de ingresos a causa de la desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de horarios en el resto de ciudades» que supondría su contratación en plantilla.