¿Por qué los condenados del caso Afinsa aún no están en prisión?

La Audiencia Nacional, un día después de la sentencia para los imputados del caso Afinsa, acordó no enviar a prisión a los condenados hasta que se resolviera sus respectivos recursos en el Supremo.
El juez desestimó la adopción de la medida cautelar de prisión provisional solicitada por el fiscal. Así, Juan Antonio Cano Cuevas, Albertino de Figueiredo Nascimento, Carlos de Figueiredo Escribá, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester López evitaron pisar la cárcel. Además, Francisco Guijarro Lázaro y Joaquín José Abajo Quintana tenían que hacer frente a los 200.000 euros de fianza pedida por la acusación.
El juez tan solo impuso una serie de medidas cautelares de carácter personal para Cano Cuevas, Figueiredo Nascimento, Figueiredo Escribá, Ballester López, Martín Peña y Guijarro Lázaro. Todos ellos deben comunicar un cambio de domicilio.
Para Abajo Quintana se le impuso la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España y se tiene que presentar en la Audiencia Nacional cada 15 días, señalando el domicilio o cualquier cambio del mismo. De esta forma, hasta que el Supremo no sentencie el caso, ninguno de los ex directivos de Afinsa pisará la cárcel.
Para justificar este auto, el juez afirma que la prisión provisional supone la privación al inculpado a un condenado sin sentencia firme. A su juicio, «no debe prolongarse más allá de lo necesario». En este sentido, el objetivo es asegurar, en esta fase del caso, «la sujeción de los condenados a la causa y la ejecución de la pena impuesta si llegara a confirmarse la sentencia, evitando que puedan sustraerse de la justicia«. Pese a que en ese momento, los abogados defensores no hicieron un recurso de casación ante el Supremo, el juez aseguró que las defensas así lo expresaron.
Asimismo, el juez desestimó la prisión provisional, pese a ser condenados a más de dos años de cárcel. El juez explicó que había excepcionalidad en este caso y que las condenas de los acusados por los argumentos de la acusación, que afirmaba que penas de 6 a 12 años de prisión eran suficientes como tratar de huir de España.
El juez señaló que todos los acusados son españoles, tienen familia (esposas, hijos y nietos, como en el caso de Figueiredo Nascimento, Martín Peña, Ballester López y Guijarro Lázaro) y tienen actividad profesional, es decir, trabajan, como Abajo, funcionario del Estado, Figueiredo Escribá como investigador en la Universidad de Barcelona o el negocio propio de Ballester López.
El juez entiende que las medidas cautelares anteriormente impuestas eran suficientes para evitar la prisión provisional, ya que algunos de ellos tenían edades «avanzadas«, como los 84 de Figueiredo Nascimento, o tienen enfermedades graves, como el cáncer de Martín Peña y Guijarro Lázaro.
El juez afirma que desde que estallara el caso en 2006, todos los ahora condenados han respetado las medidas cautelares impuestas y han comparecido tras la sentencia, motivo por el que señala que pese al comportamiento futuro es incierto, «debemos intentar atender a los hechos y neutralizar cualquier tentación de ejecución provisional de las penas».
El juez afirma que no es «imprescindible» la adopción de una fianza económica que en este supuesto de «delito económico no añadiría garantía alguna, porque si existe riesgo de fuga no lo reduciría».

Una sentencia que deberá ratificar el Supremo

El auto está fechado el 28 de julio de 2016, justo un día después de notificarse la sentencia por la estafa a cerca de 200.000 ahorradores.
Entre los condenados figuran once de los trece ex directivos de Afinsa, y se tendrían que pasar 12 años en la cárcel por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública. La sección primera de la sala de lo Penal impone la condena más elevada al que fuera presidente de la compañía Juan Antonio Cano, 12 años y diez meses y a devolver los 2.574 millones estafados a 190.022 ahorradores.
Asimismo, Albertino de Figueiredo, y a su hijo, Carlos, que además de afrontar penas de cárcel por encima de los 11 años, deberán restituir junto con Cano los 2.574 millones defraudados.
El ex miembro de la comisión de auditoría de Afinsa Vicente Martín Peña (11 años y seis meses), el ex responsable de contabilidad Emilio Ballester (10 años y tres meses) y el ex secretario del consejo, Joaquín José Abajo (6 años y tres meses).
El escrito de la sentencia, de 174 páginas, el tribunal expone que los clientes seguían los consejos de los agentes comerciales de la compañía «hasta atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores».
A cambio, recrea el fallo, la sociedad se comprometía a recomprar los sellos a los clientes, entregándoles el dinero invertido más una rentabilidad superior a la del mercado financiero, beneficio que provendría de la constante revalorización de la filatelia.