Berkeley demanda a España ante el Ciadi por 920 millones de euros
Berkeley Exploration Limited, compañía inglesa propietaria de Berkeley Minera España, ha iniciado un arbitraje contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) con el que pide una compensación de unos 1.000 millones de dólares (920 millones de euros).
Con este arbitraje, cuya intención de iniciarlo ya avanzó el pasado mes de noviembre, Berkeley defiende que las acciones de España contra la compañía y el proyecto minero de Salamanca han violado múltiples disposiciones del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), según ha señalado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, Berkeley apunta que este arbitraje podría convertirse en la mayor reclamación a la que se enfrenta España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno de España.
Con este arbitraje Berkeley está buscando una compensación que de manera preliminar será del orden de 1.000 millones de dólares (920 millones de euros).
Berkeley abierta a encontrar una solución amistosa
A pesar de la disputa, Berkeley ha subrayado que sigue comprometida con el proyecto y continúa abierta a un diálogo constructivo con España.
La compañía está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas pertinentes para encontrar una resolución amistosa a la situación de los permisos y mantiene la esperanza de que las conversaciones se puedan celebrar a corto plazo.
Como anunció en noviembre de 2022, Berkeley presentó una notificación escrita respecto a la disputa de inversión al presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) informándoles de la naturaleza de la misma y de las supuestas violaciones del TCE y proponiendo buscar negociaciones para una solución amistosa.
Hasta la fecha, añade Berkeley, el Gobierno español no ha entablado ninguna conversación relacionada con la disputa, por lo que la compañía ha recurrido a un arbitraje internacional para hacer valer sus derechos en el proyecto.
Dicha solicitud corre a cargo conjuntamente de los despachos de abogados Herbert Smith Freehills y LCS Abogados, quienes representarán a Berkeley en el arbitraje.
En la siguiente fase del procedimiento, se seleccionarán y nombrarán los miembros del tribunal y, de ese modo, se establecerá formalmente el tribunal.
Más de 100 millones invertidos hasta la fecha
Berkeley califica el proyecto como de clave para la reactivación del empleo en un área afectada por la despoblación en las últimas décadas y que, hasta la fecha, ha invertido más de 100 millones de euros en el proyecto, de los cuales más del 40 % permanecieron en la región, y ha contado con más de 70 empleados.
Asimismo, subraya que el proyecto se está desarrollando con los más altos estándares de protección ambiental y sostenibilidad.
A este respecto indica que la tasa de producción del proyecto Salamanca de 4,4 millones de libras de U3O8 por año (en producción nominal) cubriría más del 100 % de la demanda doméstica de España, y representa el 15 % de la demanda europea, lo que puede ser suministrado durante un período mínimo de 14 años, basado en las reservas de mineral actuales del proyecto.
Así, agrega, con la capacidad de suministrar más del 10 % del consumo de uranio de la Unión Europea, el proyecto cumpliría con el objetivo para 2030 de la recientemente aprobada Ley de Materias Primas Críticas.
Berkeley defiende que ha habido desarrollos significativos en los últimos dos años que «claramente» reconocen a la nuclear como una tecnología clave para la transición energética a nivel mundial, y en particular en Europa, y recuerda que la mayoría del suministro de uranio a Europa se importa de jurisdicciones geopolíticamente inestables, como Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Níger, etc.