Algún día se conocerán todos los vericuetos de la venta de Talgo y por qué una compañía por la que ofrecieron cinco euros la acción y por el 100% del capital ha terminado en Bolsa valiendo 2,9 euros la acción y en manos de un gobierno autónomo, como el vasco, formado por el PNV-PSE, que en el Congreso de los Diputados sirve fielmente a Pedro Sánchez para que el líder socialista apure sus días en la Moncloa y al frente del PSOE. Los grandes perjudicados, los accionistas minoritarios de Talgo, los que deberían haber decidido su futuro sin intervenciones políticas.
Por medio de esa historia un veto del Ministerio de Transportes de Óscar Puente a la empresa húngara Magyar Vagon a cinco euros por acción y por el 100% del capital. Pese a que Hungría es un miembro de pleno derecho de la Unión Europea, España vetó la compra, que se encuentra en manos de los tribunales. Para presionar más a Talgo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó a Renfe sancionar al fabricante de trenes con más de 100 millones de euros por el retraso en la entrega de trenes, una decisión de la que el polémico político socialista ahora se arrepiente porque esa penalización la tienen que pagar los «amigos vascos». Para ello, Puente ofrece, como en las rebajas de enero, facilidades de pago.
Entonces aparece el Gobierno vasco, bajo responsabilidad del PNV y del PSE, que se presenta como apoyo financiero a Sidenor, una empresa cuyo presidente está bajo investigación de la Audiencia Nacional por la venta de acero a Israel para la fabricación de armas.
La Sepi salva la compra de Talgo por el Gobierno vasco
Sin embargo, ni el Gobierno vasco, a través de la BBK, Finkatuz y Caja Vital, ni Sidenor, tenían dinero para poder avalar la refinanciación de la deuda del fabricante de trenes. Talgo debe a la banca 400 millones de euros que las entidades no están dispuestas a perdonar. La operación se bloquea y el Gobierno vasco trata sin éxito de convencer a Sánchez de que ese dinero lo ponga la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi). La operación es tan descarada que hasta Sánchez se opone a ella.
Pero la suerte del Lehendakari Pradales cambia. Aunque ya se conocían los casos de la supuesta corrupción de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la del hermano, David Sánchez, un músico que encontró un trabajo bien remunerado por Google, y el caso Koldo, con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos imputado, la corrupción en el seno del PSOE se extiende.
Otro secretario de Organización nombrado por Sánchez en sustitución de Ábalos, Santos Cerdán, queda también acusado de cobrar comisiones en el caso Koldo por la adjudicación de obra pública. Además, también sale a la luz el caso de la fontanera del partido Leire Díez, la elegida por el ‘numero uno’ para ‘limpiar’ a todo aquel que se ponía en el camino de Sánchez, que, además, hacía negocios con la mano derecha de la vicepresidenta primera María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda y en la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, ahora imputado también por supuesta corrupción.
Pradales vio vía despejada en la operación Talgo cuando la corrupción pone a Sánchez contras las cuerdas. Solo tenía que agachar la cabeza para conseguir el dinero de la Sepi
Y fue entonces cuando Pradales vio el cielo abierto y la vía libre para la operación Talgo. Sánchez lo llamó a Moncloa cuando más arreciaban los casos de corrupción y más acorralado estaba. Era julio de 2025, y entre las muchas reivindicaciones que llevaba en la cartera el político nacionalista con aspiraciones independentistas, figuraba el «asunto Talgo».
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid en esa reunión «encauzaron definitivamente» la operación. A cambio había que agachar la cabeza en los asuntos de corrupción que rodean a Sánchez y que darían vergüenza asumirlos en cualquier país democrático donde ningún Ejecutivo lograría aguantar la presión de la opinión pública.
Solo el 60% del capital, representado en la junta de Talgo
Con la junta de accionistas de hoy, a la que ha acudido menos del 60% del capital, y solo nueve accionistas han tenido presencia física, se cierran así dos años con la empresa en el mercado, tras la opa que anunció, el 9 de febrero de 2024, la húngara Magyar Vagon, que quedó vetada por el Gobierno ese verano. En este tiempo la compañía -que cotizaba a 4,78 euros el día del anuncio magiar- ha caído hasta los 2,9 euros a que se paga este martes.
Esta es la primera junta que se celebra en Vitoria con la compañía ya bajo el control de «manos vascas», como en su día definió Pradales el cambio accionarial, sobre el que la CNMV, por cierto, no se pronunciado sobre la necesidad de una opa sobrevenida, al actuar conjuntamente el Gobierno vasco, Sidenor y la Sepi.
Pradales ya ha cambiado el domicilio social de Talgo a Vitoria después de el traslado a Madrid en la década de los 70 por la amenaza constante de la banda terrorista ETA, con extorsiones, secuestros y asesinatos a diario de cualquier persona que disintiera de su pensamiento único. Hoy sus herederos políticos, Bildu, como el PNV, son socios satélites de Sánchez en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno vasco, con el 19,5%, se ha convertido en el mayor accionista de Talgo a través de BBK, Finkatuz y Caja Vital
El Gobierno vasco, con el 19,5%, se ha convertido el mayor accionista de Talgo, seguido de José Antonio Jainaga, el presidente de Sidenor que se supone que va a ser el empresario que va a liderar el nuevo proyecto, que contará con el mismo porcentaje que la Sepi, el 7,8%.
Por su parte, Pegaso, tiene un 9,3 % del capital de Talgo; Torrblas (de la familia Torrente Blasco), un 5 %; Torreal (Juan Abelló), un 3,2 %; autocartera, un 0,7 %, y el resto cotiza en el mercado bursátil.
