El grupo de comunicación Prisa, propietario de El País, Cinco Días, AS, la Cadena Ser o la editorial Santillana, entre otros medios, perdió 4 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a las ganancias de 19 millones obtenidas en el mismo periodo de 2024, en gran medida por los ingresos extraordinarios. En plena batalla de sus accionistas por el control de la empresas, con acusaciones del presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, de intervención en una compañía privada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Prisa logró durante los tres primeros meses de 2025 unos ingresos de 232 millones, un descenso del 10 % respecto a los 256 millones logrados en el mismo periodo de 2024, según ha informado en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la compañía también se ha visto reducido respecto al mismo periodo de 2024, al conseguir durante el inicio de año 46 millones de euros, un 31 % menos que los 67 millones cosechados en 2024.
Baja la deuda hasta los 664 millones de euros, pero supera en más de 100 millones su capitalización bursátil
Por su parte, la deuda neta se sitúa en 664 millones, su nivel más bajo en los últimos veinte años, tras reducir 86 millones respecto al cierre de 2024 y 134 millones en términos interanuales, gracias en parte al impacto positivo de la ampliación de capital. Esa deuda supera en más de 100 millones de euros el valor bursátil de Prisa que ronda los 550 millones de euros
En la comparativa interanual, Prisa asegura que el beneficio neto se vio impulsado tanto por el laudo arbitral contra la empresa portuguesa Cofina en 2024 como por las menores ventas en el negocio público de Brasil, pero aun así insiste en que los resultados se han mostrado por encima de las expectativas.
La guerra por el control del Grupo
El último episodio de la guerra que mantienen los accionistas afines a Pedro Sánchez y el presidente de Prisa ha sido la vista previa en el juzgado sobre las medidas cautelares solicitadas por Global Alconaba para paralizar el acuerdo de financiación del Grupo Prisa con su principal acreedor, el fondo Pimco, celebrada el pasado 23 de abril en el juzgado mercantil nº 18 de Madrid.
Al acto acudieron los representantes del grupo propietario de El País y la Ser, y de Global Alconaba, el grupo de empresarios que compró a Telefónica el 7,07 % de la compañía en 2022, y tanto unos como otros se han ratificado en sus pretensiones.
La vista se celebró después de que la juez desestimara la solicitud de medidas cautelarísimas para paralizar el acuerdo de financiación de la deuda de Prisa pedidas por Global Alconaba, que entiende que no estaba justificada la urgencia y que además faltaba documentación clave.
Global Alconaba, formado por empresarios próximos a Pedro Sánchez, reclama que se suspendan dos cláusulas del acuerdo alcanzado con Pimco en lo que concierne a la parte que estipula que la deuda de Prisa con este acreedor -de 240 millones de euros- venza anticipadamente si el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, deja su cargo o pierde el control de la compañía.
Grupo Alconaba, próximo a Pedro Sánchez, mantiene una estrategia para echar al presidente de Prisa, Joseph Oughourlian
Con este trato, si Oughourlian pierde el control de la sociedad, el préstamo otorgado por el fondo Pimco vencería y el grupo propietario de El País debería devolver la deuda que tiene con él y que no vence hasta 2026.
La petición de medidas cautelares se enmarca dentro de una demanda que presentó Grupo Alconaba para impugnar los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado 25 de marzo, en virtud del cual se acordó un aumento de capital de cerca del 10 %, así como ese acuerdo con Pimco.
Los denunciantes sostienen que todo obedece a una estrategia del presidente de Prisa para asegurar su posición de control en la compañía y hurtar a los accionistas las facultades de nombramiento y de separación de los administradores que la Ley de Sociedades de Capital les concede.
El representante legal de Prisa, por el contrario, ha defendido que los consejeros fueron informados puntualmente de todos los acuerdos, cuyo objetivo es asegurar la refinanciación de la deuda financiera de la empresa, que en total asciende a 814 millones de euros.
Aunque dicha deuda vence en 2026 -240 millones en junio y 575 en diciembre-, el letrado ha justificado las decisiones adoptadas por el consejo en la necesidad de asegurar la refinanciación con la suficiente antelación.
La magistrada Lucía Martínez Orejas no ha considerado necesario que testifiquen el auditor de KPMG, Gustavo Rodríguez, ni la directora financiera de Prisa, Pilar Gil.
