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El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, calificó hoy a la “hiperregulación” de “monstruo voraz” que, además de “arruinar y lastrar” a los sectores productivos, complica la ya “difícil” vida del “español medio” de una forma a su juicio “innecesaria, absurda y, en ocasiones, cruel”.
Pollán, que expuso en las cortes el programa de actuaciones de su departamento para la XII legislatura, denunció los efectos que tiene la “hiperregulación”, una de las cuestiones que pretende abordar su consejería, si bien admitió no tener “datos concretos” de los “efectos letales” que ha provocado en Castilla y León.
“La búsqueda de soluciones exige un conocimiento preciso y cuantificado de la realidad. Solo así podremos atacar el problema desde la raíz”, apuntó Carlos Pollán en su intervención ante la Comisión de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales del Parlamento.
Sin embargo, el vicepresidente primero dibujó un “foto” del país y el estado autonómico sobre este “monstruo” que señaló recorre España desde hace casi cinco décadas. Así, apuntó que crear una sociedad puede llevar hasta 84 días y costar alrededor de 2.580 euros y añadió que entre 2018 y 2026 se han implementado en más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones.
A esto añadió la Directiva 2023/970 de la Unión Europea sobre igualdad retributiva que denunció impone una serie de obligaciones documentales a las empresas con el objetivo de asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. También cuestionó la exigencia de planes de igualdad y “protocolos ideológicos” a las empresa con más de 50 trabajadores, lo que lleva a “muchas” a quedarse con 49.
También, expuso que el Real Decreto 1051/2022 establece la obligación para los agricultores de implementar planes de abonado y llevar registros mensuales de fertilización. “Al final, se saca al agricultor del tractor para encerrarlo en una oficina”, agregó para criticar a continuación que en España se han aprobado seis veces más normas ambientales que Francia, aunque obtiene “peores” resultados y emite más CO2.
Todo esto, apostilló, arroja como resultado una deuda pública “disparada y disparatada”. Respecto a las comunidades, recordó que han producido el 76,6 por ciento de las 500.000 normas aprobadas por todas las administraciones públicas en los últimos 45 años. En 2022 y 2023, precisó, la producción de páginas de boletines oficiales superó el millón de páginas anuales, lo que equivale -dijo- a 300 metros de papeles, “dos veces la altura de la pirámide de Keops”.
Con ello, el vicepresidente primero denunció que se ha creado un mapa con 17 realidades normativas “distintas” y, en ocasiones, “desconectadas entre sí”, lo que agregó supone un coste directo equivalente al 3,5 por ciento del Producto Interior Bruto.
