La Audiencia Nacional ha suspendido el pago de 152,4 millones de euros por parte de Repsol como consecuencia del gravamen temporal energético de 2023, a la espera de resolver el recurso interpuesto por la compañía española contra este impuesto temporal aprobado por el Gobierno durante la crisis energética.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso-administrativo estima la medida cautelar solicitada por Repsol al entender que, de ejecutarse ya el pago, podría suponer un riesgo para el devenir del procedimiento y que, además, las pretensiones de Hacienda están aseguradas por un aval.
«Una eventual estimación de la demanda no eliminaría plenamente los perjuicios derivados del desembolso de una cantidad de tal magnitud», prosigue el documento.
Además, desde el punto de vista de la sala, conceder la cautelar pedida por la energética no plantea ninguna «perturbación grave de los intereses generales, toda vez que la deuda se encuentra garantizada mediante el aval bancario aportado para obtener la suspensión en vía económico-administrativa».
De este modo, el eventual crédito de la Hacienda Pública permanece adecuadamente asegurado durante la tramitación del proceso. En esta línea, el Abogado del Estado tampoco se ha opuesto a la medida, sino que sólo la ha condicionado a acreditar la existencia y suficiencia de las garantías presentadas.
El Gobierno de Sánchez aprobó en 2022 un gravamen especial para energéticas por los ‘beneficios extraordinarios’ de empresas como Repsol por la crisis energética
El citado gravamen fue aprobado por el Ejecutivo de Sánchez en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que se atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.
El texto afectó a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no fuera la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.
En concreto, gravó durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.
A comienzos de 2025, el Congreso rechazó la convalidación del real decreto ley que regulaba la extensión del gravamen sobre las grandes energéticas a ese ejercicio -un compromiso que el Gobierno había adquirido con ERC, Bildu, Podemos y BNG-.
Conforme los datos del Ministerio de Hacienda, lo recaudado por esta prestación extraordinaria ascendió a un total de 2.800 millones de euros durante su aplicación.
