Plus Ultra presenta un recurso de apelación para que se archive la causa sobre su rescate

La aerolínea sostiene que «en el transcurso de los plazos de instrucción ha quedado acreditada la inexistencia de delito», y además «no se ha producido ningún perjuicio al erario público», añade.

Al entender que el plazo de instrucción ha prescrito, la compañía ha presentado un recurso de apelación ante el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid para que se archive la causa que investiga el rescate de 53 millones de euros de ayudas públicas.

En el documento, fechado el pasado 29 de julio, la aerolínea rechaza el auto de la magistrada Esperanza Collazos en el que manifestaba su intención de seguir investigando los términos del rescate.

Plus Ultra alega que «se les ha estigmatizado desde el comienzo de la causa, con la agravante de mantener la causa abierta y el juicio mediático en paralelo, que se está llevando a cabo por los medios y en redes sociales».

Cualquier prueba acordada con posterioridad al transcurso de los 12 meses de instrucción no prorrogada, es decir el 8 de mayo de 2022, señala el documento, es inválida, y en el caso de practicarse sería nula, tanto la misma, como cualquier prueba derivada de prueba nula.

El texto recuerda la «prohibición /limitación de las investigaciones penales prospectivas», y el hecho de que «en la presente causa no se ha dictado prórroga de la fase de instrucción», porque los tres equipos jurídicos de las acusaciones populares de Manos Limpias, Partido Popular y Vox «no han solicitado la prórroga de la instrucción de la causa: Podían haberla solicitado, pero no lo han hecho».

Asimismo, destacan, «tampoco lo ha ordenado la juez», por lo que «no se genera ningún tipo de indefensión a las acusaciones populares», que, por su propia voluntad, no han solicitado la prórroga de la instrucción.

Del mismo modo, recuerdan que «ninguno de los investigados, perfectamente identificados en la causa, ha sido citado a declarar dentro del plazo de los 12 meses».

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

El pasado mes de abril, la jueza inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.

En su auto, la magistrada indicaba que «los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

Ante la magistrada sí han declarado los peritos de las partes, que ratificaron sus informes previos difiriendo sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.

Los expertos designados por el juzgado insistieron en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los técnicos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.