Más de 900 fondos de inversión de capital riesgo gestionan actualmente un volumen superior a los 100.000 millones de euros en tierras de cultivo en la Península Ibérica, según datos proporcionados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
Desde 2019, la compraventa de fincas rústicas ha experimentado un incremento significativo, del 20%, impulsada por el creciente interés de estos fondos en el sector agrícola. Este fenómeno, descrito por COAG como el proceso de ‘uberización’ del campo español, ha registrado un notable avance en 2024, marcado por la entrada de fondos de inversión con un carácter especulativo.
COAG atribuye esta tendencia a la mayor concentración de la producción agrícola y la consolidación de oligopolios que dominan una parte sustancial del mercado. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tan solo el 6,6% de las empresas del sector concentra el 42% del valor de la producción agrícola española, beneficiándose de un incremento del 10,8% en la renta agraria durante 2024.
Impacto en pequeños agricultores y ganaderos por los fondos de inversión
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, lamenta que los principales beneficiarios de este aumento en la renta agraria sean «accionistas internacionales» de lugares como Wisconsin o la City de Londres, mientras que los pequeños y medianos agricultores y ganaderos enfrentan crecientes dificultades.
Padilla advierte que la creciente concentración empresarial está elevando las barreras de entrada al mercado, especialmente para los jóvenes agricultores, poniendo en riesgo el «modelo social y profesional» que históricamente ha caracterizado a la agricultura y ganadería españolas.
A pesar de estos desafíos, Padilla mantiene un tono optimista sobre el futuro de la agricultura en España. Afirma que, con políticas adecuadas y una distribución más equitativa de los beneficios, el sector podría seguir siendo un pilar clave de la economía ibérica.
Este fenómeno subraya la importancia de equilibrar la entrada de inversiones internacionales con la protección de los agricultores locales, garantizando un desarrollo sostenible y justo del campo español.
