La AIReF advierte a los políticos partidarios de la renta mínima: costaría 15.000 millones

La AIReF advierte a los políticos partidarios de la renta mínima: costaría 15.000 millones
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  • La AIReF avisa del coste fiscal de una renta mínima que desbordaría el déficit por encima del 35 por su alto coste, cifrado en 15.000 millones de euros anuales.La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que el coste fiscal de aplicar una renta mínima de 426 euros sería “relevante”, del entorno de los 13.000 o 15.000 millones de euros, y ha advertido de que haría que el déficit público se situara por encima del 3 % del PIB.

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    El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, comparece hoy en la Comisión de Empleo del Congreso para evaluar la proposición de ley que se está elaborando sobre una prestación de ingresos mínimos para personas sin empleo, y que -en su opinión- se trata de una iniciativa “compleja” e “híbrida” ya que combina conceptos de renta básica con otros vinculados a un impuesto negativo.

    Escrivá ha señalado que según está diseñada esta prestación, los posibles beneficiarios serían entre 1,9 y 2,2 millones de personas y el coste fiscal rondaría entre los 6.000 millones y los 13.000 millones de euros, aunque ascendería hasta los 15.000 millones cuando se añade el complemento adicional por cargas familiares.

    Por lo tanto, ha señalado que el déficit se desbordaría entre medio punto y un punto y medio del PIB, lo que “nos llevaría fuera del 3 % y nos sacaría fuera de la senda de consolidación”.

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    Entre 1,9 y 2,2 millones de personas serían los beneficiados con un coste fiscal que rondaría entre los 6.000 millones y los 15.000 millones de euros

    La AIReF ha realizado esta proyección según la evolución económica y de gasto público desde el año 2002 hasta el 2020, por considerar que se trata de dos años económicamente neutrales.

    Escrivá ha advertido de que el impacto de la aplicación de esta renta mínima es “relevante” desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas públicas y ha alertado de que aumentaría el desequilibrio financiero y de deuda de las diferentes administraciones, con lo que al final se terminarían aplicando medidas que “no cumplan en plenitud con los objetivos para los que estaban diseñadas”.

    Además ha incidido en que la gestión de esta renta debería corresponder a los ayuntamientos, siempre y cuando exista una verdadera transferencia de competencias para su financiación y una “corresponsabilidad fiscal”.

    “Hay determinadas prestaciones que por su naturaleza, cuanto más cerca estén al ciudadano, se gestionan mejor, sobre todo cuando es una renta mínima, que se plantea para mitigar problemas de pobreza grande”, ha puntualizado, al tiempo que ha dicho que también debe haber un equilibrio de las competencias con los niveles de cada administración.

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    El presidente de la AIReF ha analizado el diferente mapa de prestaciones existente en España y ha explicado que en 2016 el gasto total del Estado y de las CCAA en este tipo de programas representó el 0,7 % del PIB.

    El Estado gastó en prestaciones de protección, tanto por desempleo, como por subsidios o similares cerca del 0,6 % del PIB, mientras que las CCAA gastaron 1.400 millones de euros y los ayuntamientos cerca de 700 millones.

    Prestaciones por desempleo

    Las prestaciones contributivas por desempleo supusieron el 1% del PIB y beneficiaron a cerca de 750.000 personas, mientras que los subsidios representaron el 0,5 % del PIB y beneficiaron a 850.000 ciudadanos y la renta activa de inserción supuso un coste de 1.200 millones y tuvo 226.000 beneficiarios.

    Las prestaciones de esta naturaleza vinculadas a las CCAA ayudaron a unas 320.000 personas.

    Escrivá ha reiterado que para poner en marcha una renta mínima hay que hacer un análisis integral y ver la evidencia internacional que tiene en cuenta que la tendencia es condicionar estas ayudas, limitar su duración y simplificar su acceso, además de hacer un seguimiento continuo en estos programas.

    También ha constatado que los países con mayores niveles de economía sumergida están más limitados en la aplicación de este tipo de programas, y que “este elemento hay que tenerlo en cuenta”.

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