La causa contra Martínez Maíllo, archivada por prescripción del delito

La causa contra Martínez Maíllo, archivada por prescripción del delitoMartínez Maillo continúa imputado por administración deseleal en Caja España
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  • El juzgado de instrucción número 5 de León ha dictado un auto por el que archiva la causa contra catorce exconsejeros de la antigua Caja España, en la que está imputado el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, al considerar prescritos los delitos por los que estaban siendo investigados.

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    Todos ellos estaban siendo investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por los que le imputaba un supuesto delito de administración desleal, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

    Trece de los catorce exconsejeros investigados comparecieron ante el juez los pasados 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Supremo.

    Como acusación particular se personaron en la causa IU, Izquierda Abierta (IzAb) y Ecologistas en Acción. El letrado que representa a IU, Alberto López Villa, ha anunciado a Efe tras conocer el sobreseimiento de las actuaciones que presentarán recurso. Entre los imputados figuran, además, Javier García-Prieto o el alcalde de Medina de Rioseco, Artemio Domínguez González, todos ellos del PP.

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    Aunque el auto del juzgado considera prescrito el delito al haber pasado más de cuatro de la que fecha en que supuestamente se cometió, el letrado de IU considera que se han producido diversas dilaciones en el caso que “interrumpen dicha prescripción”.

    “Estudiaremos a fondo el auto con el fin de presentar un recurso fundamentado y con posibilidades de prosperar”, ha apostillado.

    Eran investigados en esta causa los consejeros que participaron en la reunión del 8 de enero de 2009 del consejo de administración de Caja España, en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones.

    Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investigaba si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.

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    El proceso sufrió numerosas interrupciones durante años por los recursos interpuestos por las defensas de los investigados

    En su comparecencia ente el juez, los exconsejeros que accedieron a declarar, todos ellos nombrados a propuesta del PSOE, negaron las acusación y afirmaron que siempre buscaron lo mejor para la entidad financiera y todas las decisiones siguieron criterios técnicos basados en la legalidad.

    La persona con mayor perfil técnico de los que se sentaba en aquel consejo de administración era el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid Zenón Jiménez-Ridruejo, quien aseguró ante el juez que los créditos concedidos al empresario de la construcción Santos Llamas estuvieron “bien fundamentados”, al igual que los que otorgaron a otras compañías del sector.

    Tras prestar declaración, Jiménez-Ridruejo explicó que “no puede haber deslealtad con una entidad cuando se han estudiado a fondo todos los informes”.

    Políticos del PSOE, sindicalistas de UGT…

    Por el PSOE figuran, entre otros, la diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez; el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo; o el exalcalde de León Francisco Fernández; así como Miguel Ángel Álvarez, de UGT; y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado.

    Están imputados en esta causa los consejeros que participaron en la reunión de febrero de 2009 del consejo de administración de Caja España, en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones de euros. Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investiga si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción.

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