El juez Andreu insta a la CNMV a investigar las posiciones cortas y el papel de los medios en la crisis del Popular

El juez Andreu insta a la CNMV a investigar las posiciones cortas y el papel de los medios en la crisis del PopularEmilio Saracho, el último presidente del Banco Popular antes de pasar a manos del Santander./EFE

Las sombras y oscurantismo continúa en el caso Banco Popular. Hace un mes, el juez imponía en sus diligencias previas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para indagar sobre las posiciones cortas en el Banco Popular, así como sí determinadas informaciones de medios de comunicación influyeron en su cotización días antes de su caída, tal y como denuncian varios querellados y el propio BCE. 

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No es para menos. El Banco Popular se hundió por las posiciones cortas y por el clima mediático negativo creado, interesado o no, en torno a la entidad, tal y como ha denunciado incluso el BCE.

Las posiciones cortas llegaron a rozar el 12,5% justo antes de la caída, para después situarse menos del 10% a 9 de junio, tres días después de la resolución de la entidad y venta a Banco Santander por un simbólico euro. Samlyn Capital, LLC cuenta con el 1,8%, BlackRock Investment Management (UK) Limited, el 0,69%; Marshall Wace LLP, el 1,68%; AQR Capital Management, LLC, el 0,69%; Oceanwood Capital Management LLP, el 0,82% –que ahora cuenta con el 28% del capital de Liberbank; PDT Partners, LLC, el 0,51%; Lansdowne Partners (UK) LLP, el 0,9% y Melqart Asset Management (UK) Ltd tenía el 0,7% del capital. Todos ellos apostando a la baja con la acción en mínimos históricos.

La querella de la AEMEC admitida a trámite por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu incluye a toda la ex cúpula de Banco Popular, desde el ex presidente de la entidad, Emilio Saracho, a ex consejeros como el mexicano Antonio del Valle, pasando por Reyes Calderón, una de las personas clave en el relevo de la presidencia de la entidad en diciembre de 2016.

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El juez investiga también “la pauta concertada” con dos medios de comunicación para hundir el precio de la acción mediante noticias negativas sobre el banco cotizado. La treta versaba o bien en tumbar el precio de la acción para acometer una ampliación de capital y dejarla a tiro de opa hostil, o bien su resolución y venta a un comprador, como fue Banco Santander.

Según la querella, a la que tuvo acceso Intereconomía.com, se podría haber publicado “información sesgada” llegada por parte de un ex consejero de la entidad financiera. Los dos medios de comunicación publicaron las informaciones tal cual les llegó, abonando el campo para una situación caótica, con la retirada de miles de millones de depósitos, incluidos los de empresas y administraciones públicas poco antes de la caída, pese a que el Gobierno afirmaba que era solvente y no tenía ninguna problema para afrontar los pagos.

El juez Andreu aceptó la prueba pericial elaborada por un experto en comunicación, para que pueda informar acerca de la existencia de una “actuación pautada” por parte de dos medios de comunicación, dirigida a desacreditar ante la opinión pública al Banco Popular, su dirección y sus planes y proyectos”, así como al accionista principal.

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¿Hubo “maquinación para modificar el precio” del banco? La Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha querido ni confirmar ni desmentir si se ha realizado ya el informe para conocer si hubo un “ataque de cortos” y dar cumplimiento al auto judicial. En el mercado se especuló con la llamada “pinza latina”, un grupo de magnates latinoamericanos que podrían haber preparado una opa hostil mediante una ampliación de capital.

El juez nombra a un perito para certificar el informe de la CNMV

A juicio del juez Fernando Presidencia, ideólogo de la nueva solución para los 305.000 accionistas de Banco Popular que perdieron todo su dinero de la noche a la mañana del 6 al 7 de junio, “las responsabilidades penales se extenderán” y no descarta que los medios acaben en el banquillo para dar testimonio sobre el por qué publicaron estas noticias tan negativas, más cuando no existía una situación de insolvencia en el momento de informar. Fue, a su juicio, a raíz de esas publicaciones cuando se genera el pánico y el miedo.

Por su parte, la presidenta de la JUR y responsable de la resolución de Banco Popular, Elke Koning, tenía ya todo listo para encender la hoguera de Popular: “Nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando, pero no es el único”, dijo la responsable alemana del fondo europeo de resolución de bancos con problemas, encargado de intervenir entidades desde 2012. La retórica usada por la alemana no sólo ha sentado mal al Popular, sino al propio Gobierno español, que ha visto como la situación del sector bancario se le ha complicado en este arranque de 2017″.

“Se trataba de crear alarma social” en Banco Popular

“Se trataba de crear alarma social”, prosigue el juez Presencia, quien cree que las responsabilidades penales se expandirán ante el “pánico” causado. A su juicio, una recopilación de noticias muy negativas sí pueden afectar a un valor en Bolsa. Todo fue una especie de montaje para dar el último rejón a Banco Popular: dar la excusa a las empresas públicas para retirar el dinero.

En cuanto al papel de la CNMV, el organismo dirigido por Sebastián Albella, evitó en todo momento poner un salvavidas a Popular, como hizo sí días después con Liberbank. La polémica decisión de no prohibir las posiciones bajistas en Banco Popular en un momento muy delicado para la entidad financiera podría haber alejado el miedo a los inversores más conservadores, que en vez de contagiarse del pánico hubieran retenido aún más sus acciones. En Liberbank, el proceder de la CNMV es totalmente opuesto. La entidad financiera con sede en Asturias lleva desde el pasado 12 de junio bajo el paraguas de la CNMV, pese a que sus posiciones cortas apenas son del 0,39%. En Banco Popular llegaron a superar el 12%.

Desde el Gobierno de Canarias a entidades como Aena, Puertos, Adif, Ineco o Renfe. Todas ellas aseguraron que estos movimientos respondían a una operativa ordinaria, curioso que se realizaran tan sólo tres días antes de la caída. Las empresas públicas dependientes de Fomento se marcharon de la entidad financiera, mientras que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, los desvincula a una posible intervención de la entidad. “En algunos casos se ha producido y en otros no, pero dentro de la operativa financiera normal de las empresas”, se excusaba De la Serna. “Toman decisiones en el ámbito financiero todos los días en relación a la colocación de depósitos y de fondos de una manera absolutamente independiente y mirando siempre el beneficio de la propia empresa“, destacaba. Poco después el miedo era infundado ya que ni clientes ni depositantes perdieron un céntimo con la polémica resolución.

La retirada de dinero se realizó poco antes de la caída de Banco Popular

La Sareb, por su parte, retiró todos sus depósitos el día 4 de junio, exactamente lo mismo que hizo la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. También retiraron todos sus fondos instituciones públicas como la Tesorería General de la Seguridad Social, el Gobierno de Canarias y distintos ayuntamientos, por no contar las empresas de titularidad pública o grandes multinacionales. ¿Casualidad? Demasiada.

El terreno ya estaría sembrado con noticias muy negativas relacionadas con Banco Popular. De hecho, hasta la propia entidad financiera tiene que salir a desmentir las informaciones en hechos relevantes enviados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En esos días, las informaciones que apuntaban a que Santander, CaixaBank y BBVA estaban interesados en comprar Banco Popular, ya que quien se lo llevara “conseguiría el liderazgo del negocio bancario en España”, eran constantes. La entidad comunicó que seguía “desarrollando sus planes, negociando la realización de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades”. Todo terminó una madrugada del 7 de junio de 2017. Ahora está abierta una batalla judicial donde el juez Andreu de la Audiencia Nacional ha instado a dos de los organismos implicados, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a investigar el extraño caso del Banco Popular, que en cuestión de meses pasó de ser la quinta entidad española a su resolución y venta por un euro simbólico de valor.

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