El Gobierno pagará más de 3.300 millones de euros a las constructoras de las radiales

El Gobierno pagará más de 3.300 millones de euros a las constructoras de las radialesradiales

El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) que tendrá que abonar el Estado a los dueños de las concesionarias de las nueve autopistas quebradas por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción.

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La cifra máxima por las obras de construcción asciende a 2.917 millones y la de expropiaciones de terrenos a 388 millones, según la resolución de Fomento que establece el método para el cálculo de la RPA y que publica este viernes el Boletín Oficial de Estado (BOE),

No obstante, habría que sumar a estas cantidades el coste pendiente de amortizar de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías y que, según la resolución, queda pendiente de determinar.

El Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido en octubre de 2017 a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.

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La estimación de RPA remitida a Bruselas se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones, de los que 400 corresponderían a intereses de demora, y la patronal de concesionarias y constructoras Seopan en 4.032 millones (a fecha de diciembre de 2016).

Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

Estas vías han pasado a estar gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) desde que las concesionarias que las gestionaban entraron en liquidación, a la espera de que el Gobierno decida si saca de nuevo a licitación su explotación y mantenimiento. 

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