La banca reclama al Estado 1.350 millones del Castor ante el TS por el error del Gobierno de Zapatero

La banca reclama al Estado 1.350 millones del Castor ante el TS por el error del Gobierno de ZapateroJosé Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Sebastián y Pedro Sánchez.

Santander, Caixabank y Bankia han presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, “más los daños causados”, unas indemnizaciones firmadas en 2008 por Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria de Zapatero en 2008.

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El pasado mes de abril, las tres entidades presentaron una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que se hizo efectiva mediante una reclamación ante el Consejo de Ministros.

La reclamación no obtuvo otra respuesta que el silencio administrativo, por lo que se entiende desestimada y cabe ahora la posibilidad de recurso.

Ahora, recurren por los “los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la pérdida de las inversiones realizadas por ellos tras la declaración de inconstitucionalidad parcial de un real decreto ley, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares.

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Las entidades decidieron presentar la reclamación al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas; a continuación, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado por Santander, CaixaBank y Bankia.

Los bancos entienden que esta decisión judicial no debe ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, ya que, de no ser así, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a su costa, puesto que desembolsaron más de 1.350 millones para financiar el cierre del almacén.

Ello se debió a una serie de seísmos que despertaron alarma social entre los vecinos de las provincias de Castellón y Tarragona.

En septiembre de 2013, el Ejecutivo suspendió la actividad del almacén de gas tras los seísmos registrados en la zona; cuatro años después, el Tribunal Constitucional anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros concedida a Escal UGS por la hibernación del proyecto.

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Tras esta decisión judicial se dejaron de abonar los pagos a Enagás por el mantenimiento de la instalación y a los bancos, a los que el gestor técnico transfirió los derechos de cobro. 

El Castor una historia más para no dormir del Gobierno de Zapatero y su ministro Sebastián

El almacén Castor fue autorizado por el Gobierno socialista siendo presidente del Gobierno y ministro de Industria Miguel Sebastián –ahora Sánchez ha ordenado nombrarlo consejero de Indra-, aunque éste ha culpado siempre a sus antecesores en el cargo, los catalanes Joan Clos y a José Montilla del desaguisado de este proyecto. Los tres fueron ministros de Industria con José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, entre marzo de 2004 y noviembre de 2011, y ex secretario general del PSOE hasta que sus malos resultados electorales acabaron con él.

El propio Miguel Sebastián, que firmó el decreto de 2008 que otorgaba a Escal UGS la concesión de ese almacén situado a 21 kilómetros de la costa de Vinarós (Castellón) y sus correspondiente indemnización en caso de problemas, aseguro en su día que apenas un mes después de asumir esa cartera ministerial se encontró “con la tramitación ya hecha” por parte del anterior equipo de dicho decreto, comandado por el ex alcalde de Barcelona Joan Clos, que sucedió en el cargo a José Montilla.

Sebastián, por su puesto, descargó su responsabilidad por el fracaso de este proyecto y se preguntó en una entrevista con EFE: “¿Culpable de qué?”, y añadió: “Lo que me sorprende es que los que estaban antes no hayan salido a defender (el almacén), porque fueron los que más trabajaron este tema”, en referencia a sus antecesores en la cartera de Industria. Montilla y Clos.

Además acusó difrectamente al propio Gobierno del que formaba parte de cometer “un error en la decisión de dónde ubicarlo”, una decisión en la que subraya que él no participó, y que competía “al ministerio de Medio Ambiente -las ministras implicadas en este proyecto eran Cristina Narbona y Elena Espinosa- y a la propia empresa”, puntualizó. Sebastián también quitó hierro a la elevada indemnización a la participada de ACS, porque “no es dinero público, lo pagarán los consumidores”, afirmó en esa entrevista. Es decir, que el error que cometió el PSOE le va a costar a todos los consumidores españoles 1.350 millones de euros que pagarán en cada recibo de gas que reciban durante los próximos 30 años. Otra genialidad de los socialistas.