La CE insta a España a eliminar la discriminación fiscal en tributación de alquileres

La CE insta a España a eliminar la discriminación fiscal en tributación de alquileres

La Comisión Europea (CE) instó hoy a España a eliminar “un trato fiscal discriminatorio” para los no residentes en relación con los ingresos derivados del alquiler de viviendas.

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A efectos del impuesto sobre la renta, las personas físicas residentes disfrutan de una reducción del 60 % de los ingresos netos obtenidos por el alquiler de bienes inmuebles utilizados por el arrendatario como vivienda.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario precisó en un comunicado que las personas físicas no residentes no pueden beneficiarse de esta reducción.

Por tanto, los inversores de otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) están sujetos a un trato diferente que restringe indebidamente la libre circulación de capitales, apuntó Bruselas.

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Por ese motivo, la CE envió este jueves a Madrid una carta de emplazamiento, el primer paso en el procedimiento de infracción comunitario.

Si España no actúa en los dos próximos meses, la Comisión podría enviar un dictamen motivado a las autoridades del país, la segunda etapa del proceso sancionador y la última antes de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Además, hoy Bruselas envió a España otra carta de emplazamiento en la que le pide garantizar la igualdad de trato de las plusvalías procedentes de acciones para los contribuyentes residentes en Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Con determinadas condiciones, la legislación española exime de impuestos sobre plusvalías derivadas de la transferencia de acciones a residentes fiscales en España y en otros Estados miembros de la UE, recordó el Ejecutivo de la Unión.

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Sin embargo, los residentes fiscales en Noruega, Islandia y Liechtenstein no pueden beneficiarse de tal exención, por lo que la Comisión considera que la legislación española restringe la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales.

De nuevo, si Madrid no actúa en los dos próximos meses, el Ejecutivo comunitario podría enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas.