Multa de 1.000 millones de euros, sólo el 8,8% de su beneficio, a Volkswagen por el fraude de las emisiones

Multa de 1.000 millones de euros, sólo el 8,8% de su beneficio, a Volkswagen por el fraude de las emisiones
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  • La Fiscalía de Braunschweig ha impuesto una multa de 1.000 millones de euros por la manipulación de las emisiones de gases en motores diesel al grupo automovilístico alemán Volkswagen, que la ha aceptado. Ese multa equivale sólo al 8,8% de los beneficios que tuvo el gigante alemán en 2017, que superaron los 11.350 millones de euros.

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    Volkswagen informó hoy de que no recurrirá y que acepta la multa. Es su modo de asumir su responsabilidad en la crisis del diesel.

    La Fiscalía de Braunschweig, que es la encargada de las investigaciones porque se encuentra cerca de la localidad de Wolfsburg, donde el grupo tiene su sede central, considera tras sus investigaciones que se produjeron incumplimientos del deber de supervisión en la división de desarrollo de agregados relacionados con las pruebas de vehículos.

    Estos incumplimientos hicieron que desde mediados de 2007 y hasta 2015, 10,7 millones de vehículos con el motor diesel EA 288 de la tercera generación en EEUU y Canadá y con el motor EA 189 en otros países estuvieran equipados con una función de software ilegal, que se vendieran y que entraran en circulación.

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    De este modo concluye el proceso por infracción reglamentaria, lo que para Volkswagen “tendrá efectos positivos notables” sobre otros procesos que el grupo y sus filiales tienen en otros países de Europa.

    Las crisis del diésel le ha obligado a la compañía a pagar acuerdos extrajudiciales, multas y modificaciones en los vehículos multimillonarias, sobre todo en Norteamérica, y ha lastrado su resultado con elevados extraordinarios. El grupo ha provisionado casi unos 26.000 millones de euros para esta crisis.

    Investigaciones también al jefe de Audi

    La Fiscalía Estatal de la ciudad alemana de Múnich (sur) anunció el pasado 11 de junio que investiga al máximo responsable del fabricante automovilístico Audi, Rupert Stadler, por presunto fraude en relación con el caso de manipulación de emisiones contaminantes.

    La Fiscalía investiga a Stadler y a otro miembro del Consejo de Administración de Audi, cuyos domicilios fueron examinados según medios locales, por presunta responsabilidad indirecta en la emisión de certificados falsos de esas emisiones y en relación con vehículos diésel comercializados en Europa.

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    La Fiscalía precisó que con estos dos nuevos responsables de Audi asciende a veinte el número de personas investigadas en el caso.

    El anuncio de la investigación se conoce después de que la semana pasada la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) de Alemania obligara a Audi a revisar los modelos A6 y A7 con motor diésel de tres litros y paralizara la venta de nuevos vehículos de este modelo por contar con un dispositivo ilegal para manipular las emisiones de gases contaminantes.

    La KBA anunció a principios de mayo que había abierto una investigación a este respecto y Audi reconoció “incidentes” que habían llevado a la suspensión temporal de la entrega de los vehículos fabricados a los concesionarios.

    Un nuevo “software”, distinto al que ya se había descubierto, bajo sospecha

    Según informó el semanario “Der Spiegel” se trata de un nuevo “software”, distinto al que ya se había descubierto en diferentes modelos diésel del grupo Volkswagen dentro del escándalo de la manipulación de emisiones que se destapó en 2015.

    El pasado febrero la Fiscalía Estatal de Múnich ya registró varios inmuebles de dos exdirectivos de Audi y otro trabajador más en relación a la investigación por la manipulación de las emisiones de gases contaminantes.

    A aquellos registros les precedieron los que la Fiscalía realizó el 6 de febrero en la sede central de Audi y en una planta de esta filial del Grupo Volkswagen como parte de las investigaciones por la manipulación de emisiones contaminantes en vehículos diésel.

    En marzo del año pasado la Fiscalía de Múnich adelantó que investigaba a Audi por fraude y publicidad ilegal en la venta en EE.UU. entre 2009 y 2015 de alrededor de 80.000 vehículos.

    Según explicó entonces, la sospecha era que se habían instalado dispositivos para manipular los valores de las emisiones con el fin de cumplir los límites fijados en Estados Unidos, sin informar a los compradores.

    En enero la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) de Alemania, dependiente del Ministerio de Transportes, ordenó a Audi llamar a talleres y reparar más de 127.000 vehículos diésel manipulados.

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