El plan blinda el parque público de viviendas y extrema los controles en su adjudicación para evitar los fraudes. Además, el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de ley para bajar las ratios y fijar un tope a la jornada lectiva de los docentes y ha reforzado el enfoque preventivo e integral de Protección Civil.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, «un paso importante» para solucionar las dificultades en el acceso a la vivienda y asentar este derecho «frente a cualquier otra concepción de las viviendas», según ha manifestado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
El plan, ha añadido, refleja la «dos ambiciones» del Ejecutivo en esta materia: la construcción de vivienda pública asequible y protegida de manera permanente y la lucha contra la especulación para proteger el carácter social de la vivienda. Isabel Rodríguez ha destacado, asimismo, que este instrumento se suma a otros creados tras la Ley de Vivienda, como la nueva empresa estatal Casa47, y al refuerzo presupuestario de los últimos años.
La ministra ha afirmado que el plan responde a la demanda social de un acuerdo que afronte de un modo estructural el principal problema de la ciudadanía, como ya expuso el pasado junio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de vivienda. «No valen parches y no hay una varita mágica», ha señalado Rodríguez. La titular de Vivienda ha subrayado el cambio de paradigma respecto al papel de la Administración General del Estado, que ya no va a limitarse a aportar la financiación sin poder influir en las políticas.