La ley de vivienda y suelo del PP ha logrado este martes el apoyo suficiente, con los votos a favor de Vox y Junts, para iniciar su tramitación parlamentaria en el Congreso, tras un debate salpicado de momentos de tensión, en el que han sido desalojadas de la tribuna de invitados dos representantes del Sindicato de Inquilinas.
La proposición de ley del PP, llamada de «medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda», ha sido aprobada por 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), seis abstenciones (PNV) y 163 votos en contra del resto del grupos, a diferencia de lo ocurrido en el Senado, donde recibió el respaldo de Vox, la abstención de Junts y el rechazo del PNV.
La portavoz ‘popular’ Sol Cruz-Guzmán ha dicho que su ley no es una «varita mágica», pero ha asegurado que «pone los cimientos para construir un millón de viviendas protegidas» en cuatro años.
En su intervención, Cruz-Guzman ha defendido la política de vivienda de Isabel Díaz-Ayuso en la Comunidad de Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía, ha acusado al PSOE de haber «vendido su alma a Sumar y a Bildu» y ha pedido el apoyo de Junts y el PNV apelando a la «coherencia con sus votantes, sus empresas, su industria y las constructoras de su tierra».
Tanto el PSOE como el PNV le han reprochado que el PP se opusiera a la reforma de la ley del suelo que ambos presentaron conjuntamente hace un año y que tenía «gran similitud» con esa parte de la suya, mientras que Junts le ha replicado que «comparte los objetivos» de su iniciativa, pero que le falta «rigor» y «respetar el marco competencial».
«Simplificar no es uniformizar, hay que hilar filo para lograr una seguridad jurídica real. Cuando la ideología es el único pilar de la política de vivienda, no se construye un metro cuadrado de futuro», ha argumentado su representante Marta Madrenas.
Etna Estems (ERC) ha discrepado al defender que «claro que esto va de ideología y de considerar que el mercado se regula por sí mismo y la vivienda es un activo de inversión con el que algunos se pueden hacer ricos o que es un derecho que la administración puede regular».
La propuesta del PP supone una reforma del marco legal de urbanismo y vivienda y de la ley de enjuiciamiento civil, con el fin de agilizar la concesión de licencias, evitar que los planes generales de urbanismo sean derogados por defectos de forma, derogar la intervención en el mercado que supuso la ley de vivienda de 2023 y «acabar con la impunidad de la inquiokupación», ha dicho la diputada.
A este respecto, acorta los tiempos de suspensión de los desahucios por vulnerabilidad de dos a un mes para demandantes físicos y de cuatro a tres meses para jurídicos; y endurece el umbral de ingresos que determina la vulnerabilidad económica.