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Condenan a dos años de cárcel a un ex edil del PP por el PGOU de Valladolid

Un año y tres meses para dos técnicos de urbanismo

La Audiencia Provincial de Valladolid condena a dos años de cárcel al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, José Antonio García de Coca, por irregularidades en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2003, según el fallo facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

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En ese sentido, los magistrados de la Sección Cuarta le imponen dos años de cárcel e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación. Además, por estos hechos lo condenan a seis meses multa, con cuota diaria de 15 euros, y a un día de arresto por cada dos cuotas impagadas, y a la accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También el exdil se enfrenta a una pena de un año y nueve meses por un delito contra el patrimonio artístico. Por estos hechos lo condenan a dos meses multa, con cuota diaria de 15 euros, y a un día de arresto por cada dos cuotas impagadas.

Por otro lado, el tribunal condena al responsable del área de Urbanismo en el Consistorio, Modesto Mezquita, a un año y tres meses de prisión e inhabilitación para empleo público en puestos relacionados con vivienda, urbanismo o infraestructuras por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación urbanística. Se enfrenta a una pena de cuatro meses y 15 días multa, con cuota diaria de 15 euros y arresto sustitutorio de un día por cada dos impagadas, así como a la accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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El coordinador del área de Urbanismo, el arquitecto Luis Álvarez Aller, ha sido condenado a un año y tres meses de multa, con cuota diaria de 15 euros, por los mismos delitos.

Por otra parte, la Sala, a la hora de fijar las penas, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas. Los tres acusados son absueltos del delito de tráfico de influencias por el que también fueron juzgados y Modesto Mezquita y Luis Álvarez Aller, de los delitos de prevaricación.

García Coca tendrá que afrontar un sexto de 21 de las costas del proceso, y los otros dos condenados, a un tercio. Contra la sentencia se pueden interponer un recurso de casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el plazo de cinco días desde la última notificación.

El juicio por el ‘caso PGOU’, que investigó presuntas manipulaciones de la cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid entre 2002 y 2007 en favor de determinados empresarios, se retomó el 16 de octubre de este año en la Audiencia de Valladolid después que en septiembre de 2018, el tribunal de la Sección Cuarta decidiera suspender la vista oral para resolver las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados, que coincidieron en argumentar la prescripción de los delitos y en la vulneración del derecho a la defensa por no disponer de la documentación completa de toda la causa.

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Un mes después, la Audiencia de Valladolid acordó el sobreseimiento del proceso para diez de los 14 acusados, al considerar prescritos los delitos. El juicio, que se celebró hasta avanzado el mes de octubre, se celebra casi 16 años después de que se produjeran los hechos, la alteración del PGOU antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos.

La Fiscalía vallisoletana mantuvo las penas de cuatro años de prisión para los integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita. A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y otro contra el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Finalmente, la sentencia, de 40 horas, recoge que el periodo de instrucción ha durado casi once años, durante los que apunta «se acumuló documentación, en muchos casos prescindible», lo que para la Sala dio «una apariencia de complejidad no real».