Abertis eleva a 2.951 millones la reclamación a Fomento por la AP-7

En 2006, el Ministerio de Fomento y Abertis firmaron un convenio que recogía los términos de la ampliación de la AP-7 por el que la concesionaria se comprometió a invertir más de 500 millones de euros para ampliar la AP-7 en Girona y Tarragona.

Según un documento que se incluye en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio de 2018 de Abertis, el convenio contemplaba, entre otros aspectos, la construcción en la AP-7 de un carril adicional en determinados tramos, la implantación de un sistema de peaje cerrado y la concesión de ciertas gratuidades y descuentos.

El convenio también establecía que la diferencia de ingresos que se produzca por la diferencia entre el tráfico real y el tráfico fijado en él, se añadiría a las inversiones realizadas en la cuenta de compensación creada para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero alterado por las obligaciones que asumía Acesa.

Según el documento de Abertis, la cuantía actualizada de esta cuenta de compensación será percibida por la concesionaria al término de la concesión en el caso de que una vez vencido el plazo, no hubiera quedado restablecido dicho equilibrio financiero.

Del total de la reclamación de 2.951 millones, 890 millones corresponden a compensaciones por inversiones realizadas por la concesionaria en la ampliación y mejora de la autopista, y los otros 2.061 millones, a la compensación por el descenso del tráfico.

La concesionaria y el ministerio discrepan desde hace tiempo sobre la compensación que tiene que recibir Abertis al final de la concesión, en el año 2021, ya que se consideró que el tráfico que generaría el tercer carril serviría para pagar las obras, pero la crisis económica provocó un caída de la circulación del 30 % de media en toda España.

En marzo de 2017, una sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid dio la razón a Acesa y reconoce que contabilizó correctamente desde 2006 como activo financiero el saldo de compensación regulador contemplado en el convenio de la AP-7, aunque el ministerio, que entonces encabezaba Íñigo de la Serna, recurrió esa sentencia ante el Tribunal Supremo.

Entonces, se fijó la fecha del 6 de febrero de 2019 para la votación y el fallo del recurso por parte del Tribunal Supremo, aunque la resolución del recurso todavía no se ha comunicado a la concesionaria.