La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este jueves al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, de revelarse contra el cumplimiento de la legislación europea para abordar la reforma del despido. Para Díaz, Garamendi ya actúa como la ‘extrema derecha’, un saco donde el Gobierno de Sánchez mete a todos aquellos que no están de acuerdo con sus decisiones, denuncian la corrupción en el seno de su familia o del PSOE o simplemente piden algo tan simple en una democracia como unos Presupuestos General del Estado.
«Se está haciendo una de extrema derecha», ha afirmado Díaz en declaraciones en TVE, donde ha defendido la necesidad de reformar el despido en España y ha abogado por recuperar los salarios de tramitación que se limitaron con la reforma laboral del PP en 2012.
«Claro que sí», ha contestado Díaz cuestionada por la conveniencia de recuperar estos salarios que compensan lo que el trabajador deja de percibir mientras se encuentra en un proceso judicial tras un despido.
Ayer, Garamendi anunció que no irá a la mesa que va a negociar la reforma del despido al entender que se basa en «una premisa que no es cierta».
«El señor Garamendi, cuando dice esto, ¿qué está diciendo? ¿que nos revelemos frente al derecho internacional y, en este caso, el derecho europeo?», ha cuestionado Díaz.
«El cambio en la patronal colocándose frente a la legislación es muy grave», ha añadido.
Garamendi defiende que el Supremo rechaza un cambio en las indemnizaciones por despido improcedente que marca la ley actual, algo que Yolanda Díaz no parece entender
El Comité Europeo de Derechos Sociales señaló que el despido improcedente no es resarcitorio ni disuasorio para las empresas, lo que dejaba abierta la puerta a que los tribunales establecieran indemnizaciones más altas de las previstas en la ley, algo que ha rechazado el Supremo, argumento que esgrime la patronal.
Frente a esto, Díaz ha defendido que España debe cumplir con la Carta Social Europea que señala que el despido «no es restaurativo» al prefijar de antemano unas cantidades sin tener en cuenta otras variables como la edad o la formación.
La vicepresidenta ha reiterado que el despido se va a reformar y ha deslizado que el cumplimiento de la Carta Social va a llevar a una «lógica» de incrementos en las indemnizaciones que van a dar los juzgados.
El Ministerio de Trabajo abrió el lunes la mesa de diálogo sobre este tema tras la que los sindicatos avanzaron que preparan una propuesta conjunta para llevarla a la siguiente reunión en tres semanas.