Dimas Gimeno, acusado de espionaje en la batalla sucesoria de El Corte Inglés

El expresidente de El Corte Inglés (ECI) Dimas Gimeno, su hermano Miguel Ángel y su madre María Antonia Álvarez han sido acusados de extorsión, revelación de secretos y organización criminal en una querella que sostiene que emplearon, entre otras, a la agencia israelí NSO Group, fabricante del programa Pegasus.

El empresario ha desmentido «tajantemente» los hechos que se le atribuyen, así como haber contratado los servicios de ninguna agencia de investigación.

La querella, que ha recaído en el juzgado de instrucción nº 35 de Madrid y a la que ha tenido acceso Efe, relata como en 2018, durante el enfrentamiento de Gimeno con varios miembros del consejo de administración de la compañía, que culminó con su destitución, su hermano se valió de engaños para manipular e intervenir teléfonos móviles de tres personas relacionadas con la empresa.

Según relata la querella, con la excusa de comprobar si sus teléfonos estaban intervenidos, Miguel Ángel Gimeno -con la ayuda de su madre, María Antonia Álvarez, hermana del fallecido presidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez-, les convenció para que le dejaran introducir una serie de claves, tras lo cual les aseguró que estaban «limpios».

Sin embargo, en los días siguientes constataron que se producían hechos «extraños», borrado de mensajes y duplicado de pantallas; todo ello, en medio de la batalla por el control de la empresa, durante la cual se presentaron una serie de demandas contra las herederas de Isidoro Álvarez, las hermanas Marta y Cristina Álvarez, que fueron adoptadas por éste.

Dichas demandas, añade la querella, se presentaron «con el fin espurio de hostigar a éstas jurídicamente para que María Antonia Álvarez y Dimas Gimeno pudieran vender sus acciones de El Corte Inglés».

Los tres querellantes realizaron un análisis de sus teléfonos, que habían sido clonados, y de sus domicilios, donde comprobaron la existencia de micrófonos.

La junta de accionistas de El Corte Inglés aprobó, el 26 de agosto de 2018, la salida de Gimeno, que había sido destituido en junio de ese año, tras permanecer al frente de ella desde la muerte de su tío Isidoro Álvarez en 2014.

En el escrito, uno de los querellantes asegura que «llega a ver como María Antonia Álvarez saca un gran fajo de dinero de su bolso y se lo entrega a Miguel Ángel Gimeno para pagar a los espías contratados».

Asimismo, relata que los querellados «tienen información sobre miembros del consejo, fotos de relaciones extramatrimoniales, conversaciones de los consejeros más longevos comprometidas sobre el testamento», que pretendían emplear para «extorsionar a cuantos más miembros del consejo» de modo que Gimeno no fuera cesado.

Las agencias de investigación que habría utilizado Dimas Gimeno son, además de NSO Group, Kroll e Inteligence Bureau, según la querella, que señala a María Antonia Álvarez como la instigadora de la operación, a su hijo Miguel Ángel como el encargado de controlar los trabajos y a Dimas de abonar «cantidades desorbitadas» a las agencias de investigación.

En una providencia fechado el pasado 3 de febrero, la titular del juzgado de instrucción nº 35 insta a la Fiscalía a informa sobre la admisión de la querella y, en su caso, sobre las diligencias que deben practicarse.

Los representantes legales de uno de los querellantes, presentaron a la juez un escrito para que, «en caso de no querer instruir esta querella por su complejidad, se haga auto de admisión a trámite con la finalidad de inhibir la misma a la Audiencia Nacional.

Es este órgano judicial, añade el documento, «quien se encarga en este momento de investigar los hechos delictivos realizados con el sistema de interceptación de teléfonos Pegasus a través de la empresa NSO Group».