Un informe de un centro especializado en arbitraje internacional sitúa a España como el Estado con más laudos impagados (22, empatado con Venezuela) y el tercero por volumen adeudado, con 1.600 millones de dólares, por detrás del citado país sudamericano (17.300 millones) y Rusia (61.700 millones).
El trabajo del jurista Nikos Lavranos, que en la anterior edición manifestó que el grueso de los procedimientos están vinculados con las energías renovables, refleja que la mayoría de los arbitrajes son iniciados por empresas de menos de 250 trabajadores, «desmontando el mito» que los vincula con grandes corporaciones.
España vuelve a compartir con Venezuela el liderazgo en el ranking mundial por número de laudos impagados
De acuerdo con el índice conocido este miércoles, España vuelve a compartir con Venezuela el liderazgo en el ranking mundial por número de laudos impagados por tercer año consecutivo, con 22, todos relacionados con el recorte de las primas de las energías renovables de hace una década.
No obstante, destaca un hecho «inédito», y es que el pasado junio, el Estado español procedió al abono de en torno a unos 40 millones de dólares a la empresa japonesa de ingeniería con sede en Yokohama JGC en concepto de compensación por estos hechos.
«Ese pago voluntario demuestra que España puede iniciar un cambio de actitud», ha señalado en una rueda de prensa telemática el profesor Lavranos, que ha publicado su investigación por primera vez bajo los auspicios del nuevo International Law Compliance Institute (ILCI).
Por su parte, fuentes de las compañías afectadas han recordado que estas empresas invirtieron en el país «más de 10.000 millones de euros» y desarrollaron las infraestructuras que hicieron de España «una potencia verde» antes que ningún otro socio europeo.
«Los recortes retroactivos se produjeron. Nadie los discute. Todo el mundo sabe qué pasó con las primas y también que hay 60.000 familias españolas afectadas», han proseguido. Esas primeras a las que se refiere el informe fueron las concedidos por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, que aseguraban una rentabilidad del 7% simplemente por montar una instalación de renovables, generará o no electricidad, y que llevaron al sistema eléctrico español al borde del abismo. Rajoy las retiró por ese motivo en 2013.
Laudos reconocidos en EE.UU. y Australia
Las mismas fuentes han insistido en que si bien Bruselas no está propiciando el cobro al interpretar que el arbitraje dentro de la propia Unión Europea (UE) para resolver disputas entre Estados e inversores viola reglas comunitarias, la Justicia de terceros países sí lo está haciendo.
Por ejemplo, los tribunales de EE.UU. han confirmado la validez de distintas condenas a España. Son los casos Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones).
Asimismo, el Tribunal Supremo de Australia ha hecho lo propio con los laudos de Watkins, RREEF, NextEra y 9Ren.
Cuando se recortaron las primas, «España era firmante de los tratados (que se invocan en los laudos, como el de la Carta de la Energía, del que el país se ha retirado recientemente)», de modo que impagar un laudo que ya es definitivo «es incumplir los compromisos del derecho internacional», ha sentenciado Lavranos.
A tenor de los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, sólo hay cuatro procedimientos arbitrales iniciados por inversores extracomunitarios, no sujetos al derecho europeo. Todos cuentan con laudo, con indemnizaciones por 167 millones.
Conforme a esta fuente, España ha reducido en un 85 % el importe demandado por los inversores internacionales, de 10.635 millones de euros.