Estados Unidos demanda a Apple por sus prácticas monopolísticas con el iPhone

Estados Unidos está llevando a cabo una campaña continua contra las grandes tecnológicas, utilizando tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Federal de Comunicaciones (FTC). El Gobierno de Joe Biden ha emprendido acciones contra lo que considera prácticas monopolísticas ilegales de empresas como Alphabet (Google), Amazon y Microsoft y ahora contra la empresa Apple.

El último episodio es una demanda de gran envergadura anunciada recientemente por el fiscal general, Merrick Garland, dirigida hacia Apple debido a su supuesta retención exclusiva sobre su producto insignia, el iPhone. Los fiscales han comparado esta demanda con casos antimonopolio históricos, como los procesos contra AT&T y Microsoft. Como resultado de esta noticia, las acciones de Apple cayeron un 3% en el mercado bursátil el día del anuncio, lo que representa una pérdida de más de 80.000 millones de dólares para una empresa valorada en cerca de 2,7 billones de dólares.

La nueva demanda, que consta de 88 páginas, ha sido presentada por el Departamento de Justicia y fiscales generales de 16 Estados ante un tribunal federal en Nueva Jersey. En ella, se acusa al gigante tecnológico de violar las leyes antimonopolio al bloquear el acceso de sus competidores a las funciones de hardware y software de su teléfono inteligente, lo que obstaculiza su capacidad para ofrecer productos y servicios alternativos.

Apple mantiene un poder en el mercado de los teléfonos por violar la ley antimonopolio

Garland declaró que «Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes no simplemente debido a su superioridad, sino por violar la ley federal antimonopolio», y advirtió que si no se toman medidas, Apple seguirá fortaleciendo su monopolio.

La demanda argumenta que Apple ha empleado una estrategia basada en conductas anticompetitivas que perjudican tanto a consumidores como a desarrolladores. Para los consumidores, esto ha resultado en menos opciones, precios más altos y productos de menor calidad, mientras que para los desarrolladores ha significado verse obligados a cumplir con reglas que favorecen a Apple.

Se alega que Apple ha mantenido su poder monopolístico mediante la imposición de restricciones contractuales y tarifas que limitan las características y funcionalidades ofrecidas por los desarrolladores, así como restringiendo selectivamente el acceso a puntos de conexión entre aplicaciones de terceros y el sistema operativo de los iPhones.

Además, se señala que Apple dificulta la comunicación entre usuarios de iPhone y otros dispositivos no pertenecientes a Apple, disminuyendo la funcionalidad de las aplicaciones de mensajería de terceros y degradando la calidad de la comunicación. También se menciona que Apple dificulta la compatibilidad entre dispositivos como relojes inteligentes y carteras digitales alternativas, al tiempo que ejerce su poder para impedir que otros desarrollen productos y servicios de pago alternativos para usuarios de iPhone.

En resumen, la demanda acusa a Apple de utilizar su posición dominante para obtener más beneficios a expensas de consumidores, desarrolladores y otros actores del mercado.