¿Por qué vuelven a parar los transportistas y ponen en jaque a la cadena de suministro como en marzo?

Los transportistas agrupados en la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte, que han convocado un nuevo paro indefinido desde la medianoche del domingo al lunes, reclaman al Gobierno, entre otros aspectos, mayor control sobre el cumplimiento de la leyes de costes y de carga y descarga, extender su cobertura o establecer multas de hasta 90.000 euros.

Sobre el cumplimiento de la ley de costes y de carga y descarga, piden al Gobierno que garantice bajo un acuerdo firmado la colaboración de las correspondientes autoridades.

Concretamente, para el cumplimiento de la ley de costes reclaman la colaboración de la Guardia Civil en carretera, la Inspección de Transportes en las empresas y de Hacienda en las contabilidades; mientras que en la ley de carga y descarga piden la implicación de la Guardia Civil, la Policía Local y la Inspección de Transporte.

Por otro lado, solicitan que se extienda la cobertura de la ley de costes a todo tipo de transporte por carretera, incluyendo el furgonetero, ligero, pesado y de áridos.

También reclaman que se incluyan las mismas partidas para todo tipo de transporte en el cálculo de los costes, con gastos como la amortización, financiación y seguros del vehículo, el personal de conducción, los costes fiscales, el combustible, las dietas, el mantenimiento y las reparaciones o los peajes.

Por último, exigen que se dé validez a todas las denuncias de las organizaciones de transportes y de cualquier afectado, que se multe al cargador principal, al cargador contractual y al transportista; establecer sanciones de entre 70.000 y 90.000 euros, y eliminar las exenciones para no poder ser multado. 

El nuevo paro del transporte reaviva el temor a problemas de suministros

El nuevo paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional a partir del próximo lunes ha reavivado el temor a problemas de suministro como los sufridos en marzo pasado durante las movilizaciones promovidas por la misma organización.

Aquellos paros, de veinte días de duración, se interrumpieron después de que el Gobierno se comprometiera a sacar adelante una ley de control de costes (aprobada en agosto) que obliga a los cargadores a fijar un precio justo y suficiente para que a los transportistas les salga a cuenta realizar su trabajo.

Sin embargo, la plataforma -integrada en su mayoría por autónomos y pymes- asegura que los cargadores, ante la «pasividad» de la Administración en el control de la aplicación de la norma, no respetan el precio de coste a los transportistas.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha instado a los transportistas a que denuncien los incumplimientos que detecten de la ley para que los inspectores puedan realizar su trabajo y, llegado el caso, imponer multas que pueden llegar a los 4.000 euros.

Su titular, Raquel Sánchez, espera que el paro finalmente no se produzca, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, el Ministerio ha trabajado «muchísimo» con el sector del transporte y aprobó en agosto un real decreto ley con sus reivindicaciones.

Sánchez ha pedido «responsabilidad» a los convocantes del paro, ya que se está ante los primeros meses de aplicación de una normativa que ha cambiado el escenario en el que prestaban sus servicios.

Aunque ha reconocido que se tendrá que reforzar los mecanismos de inspección, la ministra ha considerado que «estamos en una situación absolutamente diferente a la de hace unos meses».

En su opinión, han mejorado sustancialmente las condiciones de los transportistas y, por lo tanto, «no tendría sentido que ahora se produjera un nuevo paro».

Paro de los autónomos, sin respaldo de las empresas del sector

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano interlocutor del sector con el Gobierno, ha considerado que convocar un paro indefinido para reivindicar mejoras en las condiciones de trabajo «no es la solución».

Las asociaciones que forman parte del CNTC no secundan el paro y «apuestan por trabajar con la Administración en la búsqueda de soluciones».

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la mayor patronal del sector, ha pedido la intervención de las fuerzas de seguridad y ha advertido de que el paro podría elevar aún más los precios en los supermercados.

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha subrayado que «no hay motivos para una medida como esa que nos perjudicará a todos dentro y fuera del sector», después de que se consiguieran significativos cambios en la actividad.

En su opinión, lo que hay que hacer es utilizar las herramientas que proporciona el actual marco legislativo y «no esperar que el Gobierno negocie, en nuestro lugar, con aquellos clientes que no cumplen la ley».

La patronal del transporte frigorífico Atfrie ha dicho que no puede compartir el diagnóstico efectuado por la Plataforma, ni las soluciones que ésta propone, y considera que el mejor camino para encontrar soluciones viables, duraderas y efectivas es la negociación y es innegable que el Ministerio tiene voluntad de negociar soluciones para el sector con su órgano representativo, el CNTC.

La cadena de suministro teme el desabastecimiento como en el pasado mes de marzo

La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) ha calificado el nuevo paro de «irresponsable», porque «pone en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados».

UNO rechaza que exista un precio mínimo en los servicios de transporte y lo tilda de «completamente ilegal e imposible en una economía de libre mercado como la nuestra», al tiempo que exige que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro.

Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria y la hostelería han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento y para evitar que se repitan las «graves incidencias y episodios violentos» de marzo pasado.

A su juicio, este nuevo paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria, ya «gravemente tensionada» por el complejo escenario internacional.

El sector hortofrutícola ha asegurado que el Gobierno debe garantizar el libre tránsito y el acceso a los mercados nacional y exterior», y más en un «periodo de máxima actividad» para el comercio de estos alimentos básicos como es «el mes de noviembre», en el que el volumen comercializado de frutas y hortalizas alcanza de media las 600.000 toneladas semanales, cuyo valor ronda los 700 millones de euros.

También hay una «preocupación extrema» en el mercado de cereales y en la cadena de fabricación y suministro de piensos, donde los precios están disparados, por lo que reclaman que se negocie, «en la medida de lo posible», una solución que evite el paro o bien les deje fuera de este.