El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la competencia para instruir la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra en un auto en el que mantiene el secreto de las actuaciones. Zapatero negó ayer en el Senado cualquier relación con Plus Ultra, al mismo tiempo que reconoció trabajos de consultoría y la contratación de la empresa de sus hijas por parte de la aerolínea.
En su resolución, el magistrado ha reclamado las actuaciones al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba este procedimiento y que la pasada semana se inhibió en favor del tribunal central.
Respecto a este caso, Calama, titular de la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, actúa como juez de la Plaza 2, donde se instruye la causa, al haberse abstenido el titular de esta última, el magistrado Ismael Moreno.
En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
La Sepi y un rescate de 53 millones para blanquear dinero de la corrupción venezolana
En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez quedaron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis ha llevado a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.
Zapatero niega la relación con Plus Ultra al mismo tiempo que admite que cobro por trabajos de consultoría y que enchufó a sus hijas
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes haber tenido relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aunque se hayan publicado «enormes falsedades» al respecto, y ha defendido la legalidad y el cumplimiento con el fisco de todos sus trabajos de consultoría.
Pero lo cierto es que al mismo tiempo que ha negado esa relación admite, ante las pruebas que se han hecho publicas, que hizo consultoría política para Análisis Relevante -cliente de Plus Ultra-, por la que cobró 70.000 euros brutos anuales, contrafactura y cotizados al IRPF, y que la comunicación y ‘marketing’ se la hizo la pequeña empresa de seis empleados que tienen sus hijas, de la que ha resaltado que nunca trabaja para administraciones públicas.
De la supuesta investigación que le hace la Fiscalía neoyorquina, Zapatero ha leído una carta que le escribió el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como «el Pollo», en la que niega que él lo dijera, así como la existencia de la supuesta mina de oro que, se publicó, le había regalado Nicolás Maduro.
Niega el «chivatazo», aunque Zapatero tuvo un encuentro tres días antes de su detención con el empresario de Plus Ultra
UPN, Vox y PP han preguntado sobre el supuesto chivatazo que dio Zapatero sobre la detención a Julio Martínez.
Zapatero ha dicho que fue una «información falsa», en la que lo único cierto es que estuvo con él tres días antes de la detención, corriendo por El Pardo, como habían entrenado otras veces.
Ha advertido que algunas preguntas eran incriminatorias, sin pruebas e «intención de zaherir», y que contrarían la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia en las comisiones de investigación parlamentarias, por lo que ha pedido que «consten en acta», por si recurre en amparo.
Se lo ha dicho al último interrogador, Fernando Martínez-Maíllo, del PP, quien le ha considerado «bajo sospecha», porque como consultor habría hecho informes «de corta y pega» cobrando casi 3.000 euros por folio, lo que supondría tener una «sociedad pantalla», instrumental, para «cobrar comisiones».
«Está usted pringado hasta el cuello; la Justicia decidirá, yo no le condeno», ha concluido Maíllo
