La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha propuesto extender a la telefonía móvil la tarifa social prevista para los servicios de telefonía fija y banda ancha, que contempla un descuento del 25 % para los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV).
La CNMC ha informado favorablemente sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público, ya que considera que la norma mejora el acceso a estos servicios y amplía la protección de los usuarios, según han informado fuentes del organismo regulador este lunes.
No obstante, el organismo plantea diversas propuestas para reforzar la aplicación práctica de la norma, que se centran especialmente en la disponibilidad del servicio cuando no haya operadores designados para su prestación, y en la asequibilidad, en alusión a las tarifas sociales.
La CNMC plantea además que se introduzcan medidas para garantizar la transparencia
El servicio universal garantiza que todos los ciudadanos, con independencia de su ubicación geográfica, puedan acceder a servicios básicos de telecomunicaciones con una calidad mínima y a un precio asequible.
El nuevo reglamento fija un incremento de 10 megabits por segundo (Mbps) a 100 Mbps la velocidad de descarta, y a un mínimo de 5 Mbps, la de subida, además de una latencia de 690 milisegundos.
La CNMC plantea además que se introduzcan medidas para garantizar la transparencia y la publicidad de las tarifas sociales por parte de las compañías, al tiempo que solicita tener capacidad para modular ese descuento del 25 % en función del mercado o de las circunstancias concurrentes de los operadores.
Finalmente, el organismo apunta que en situaciones donde la prestación implique costes elevados o requiera inversiones adicionales, se deberían valorar mecanismos complementarios, como ayudas públicas o instrumentos de apoyo a la demanda para asegurar el acceso efectivo al servicio.