La Alianza por la Competitividad de la Industria propone cinco medidas, entre ellas la supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o ampliar la bonificación del Impuesto Especial Eléctrico, para abaratar el coste eléctrico para la industria entre un 10 % y un 30 %, lo que mejoraría la competitividad de la misma.
La alianza ha encargado un informe a la consultora EY, que ha presentado este jueves en la sede de CEOE, que concluye que eliminar el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que grava el 7 % de los ingresos por producción e incorporación al sistema eléctrico, generaría un ahorro de entre 3 y 6 euros por megavatio hora (MWh) para 2030, ya que, propone una eliminación gradual del mismo.
En este sentido, el informe señala que la senda controlada de este impuesto supondrá una «caída ordenada de los ingresos fiscales», que, hasta 2030, ascendería a 2.412 millones de euros; mientras que consideran que la reinversión del ahorro acumulado por la industria generaría más de 2.560 millones de euros adicionales a partir de 2030.
Otra de las medidas propuestas es la ampliación de la bonificación del impuesto especial eléctrico (IEE), dentro del marco europeo que permite un máximo del 85 %.
Con esta medida, el informe recoge que, si se aplicara, el ahorro acumulado en el periodo 2026-2030 ascendería a 1.557 millones de euros.
Entre otras medidas, la industria propone establecer una reducción estructural del 80 % en los peajes de acceso a las redes eléctricas
Asimismo, proponen establecer una reducción estructural del 80 % en los peajes de acceso a las redes eléctricas para los consumidores electrointensivos con el objetivo de mejorar la competitividad industrial.
Con esta tercera propuesta, el informe estima un ahorro acumulado de 1.258 millones de euros si se mantiene el descuento a electrointensivos de 2026 a 2030, que se traduciría en un incremento de más de 2.305 millones de euros en la producción nacional.
La cuarta medida planteada es consolidar de forma permanente la reducción del 80 % en los peajes de acceso para la industria con alto consumo eléctrico, evitando prórrogas anuales que generan incertidumbre, ya que consideran que esta previsibilidad es clave para facilitar inversiones en electrificación y descarbonización de procesos industriales.
La quinta propuesta es garantizar una aplicación real de entre el 75 % y el 80 % de intensidad de ayuda en las compensaciones por costes indirectos de CO2, dotándolas de presupuesto suficiente y permitiendo destinar a este fin al menos el 25 % de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión.
La alianza está constituida por grandes asociaciones empresariales Aice (combustible), Anfac (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), Fiab (alimentación y bebidas), Oficeme (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
Las medias por la crisis energética deben pasar de temporales a estructurales, señala el presidente de la CEOE
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado que la aprobación del real decreto ley por el que se aprobó el plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio va en la dirección correcta para reducir temporalmente algunas cargas adicionales sobre los precios de generación, pero considera que estas deben ser estructurales.
«Desde CEOE defendemos con claridad que las medidas que realmente contribuyan a reducir los costes energéticos y reforzar la competitividad deben consolidarse con carácter estructural», ha defendido.
Por su parte, Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, ha puesto de relieve que la energía «asequible» es un «elemento central de la política industrial».
«Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible», ha advertido.
Por su parte, Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY Consulting, ha recordado que en España las tarifas industriales, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35 % y un 60 % desde 2019.
Y que, una vez incorporada la fiscalidad, España presenta una desventaja significativa en costes eléctricos frente a otros socios europeos, como Francia y Alemania, comprometiendo la competitividad española, ha considerado.
