Las grandes eléctricas europeas temen que la autoproducción reste brillo a su negocio

Las grandes eléctricas europeas quieren que la inminente reforma del mercado de la luz, entre otros puntos, limite el intercambio de energía derivado de la autoproducción para garantizar la igualdad de condiciones de los particulares con los generadores profesionales.

La patronal europea, Eurelectric, incluye esa consideración entre sus reclamaciones publicadas hoy de cara a la negociación final del diseño del mercado entre el Consejo de la UE, la Eurocámara y la Comisión Europea.

La normativa que se negocia busca que los consumidores puedan organizarse para compartir medios para producir su propia electricidad renovable y almacenarla, y abaratar así sus facturas, con la posibilidad de eximir de ciertas obligaciones comerciales a casas y edificios con poca capacidad instalada o a pequeñas empresas cuya actividad principal no sea la compraventa de energía.

Pero Eurelectric no quiere que ese intercambio cree «una alternativa comercializada profesionalmente al suministro tradicional» donde los actores de ese mercado paralelo «no estarían sujetos a las mismas regulaciones y estándares que los proveedores de energía tradicionales».

Para evitarlo, propone que se introduzcan criterios como «la limitación geográfica, la introducción de un organizador de reparto y la clarificación de la asignación de costes asociados al reparto de energía».

Eurelectric también reclama que el intercambio de energía no introduzca «obligaciones innecesarias y excesivas para los operadores de sistemas de distribución».

En líneas generales, el sector eléctrico pide que la reforma sirva para fomentar las inversiones de descarbonización con «un marco regulatorio claro, predecible y tecnológicamente neutral», que se impulse la ampliación, digitalización y flexibilización de las redes y que no se complique el diseño del mercado. Y aborda algunos puntos concretos de la negociación.

Las eléctricas piden más control en las intervenciones de los Estados en el mercado

La patronal quiere que los criterios de activación de crisis en caso de emergencia como la escalada de precios de 2021 y 2022 estén «cuantitativamente enfocados y bien definidos para evitar crear una crisis permanente de facto» y que intervenir el mercado no resulte automático, sino que implique a los Estados miembros y la Comisión Europea.

No obstante, la industria se abre a fijar un umbral de precio en caso de crisis de 180 euros el megavatio-hora (MWh) para las tecnologías inframarginales con el fin de limitar un eventual contagio de los precios del gas a la electricidad porque «podría dar previsibilidad al mercado y reducir las preocupaciones sobre intervenciones inesperadas en el mercado».

Eurelectric también pide que se estudie «cuidadosamente» la prohibición de desconectar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables en caso de crisis, pues «generan problemas como la acumulación de deudas para el cliente y daños significativos para los proveedores si no se incentiva a los clientes a pagar sus facturas».

«Deben limitarse a los clientes domésticos vulnerables y pobres desde el punto de vista energético, cuando no estén suficientemente protegidos por medidas de política social, y no extenderse a los clientes ‘en riesgo de pobreza energética’ o en proceso judicial, como sugiere la Comisión Europea», apunta la patronal.

Contratos a largo plazo

Las eléctricas abordan también en sus propuestas los contratos de compraventa de energía a largo plazo que contempla la reforma, tanto los privados PPA entre un generador y un cliente como los contratos por diferencia (CfD) entre un productor de energía y el Estado.

La patronal de las eléctricas europeas está a favor de «la implementación de oportunidades de cobertura a largo plazo» a través de esos esquemas que permiten «que tanto consumidores como productores tengan precios de contrato e ingresos estables».

Pero subraya que deben «seguir siendo voluntarios, neutrales desde el punto de vista tecnológico, asignados sobre una base competitiva (cuando sea posible) y no deben aplicarse retroactivamente», es decir, sobre las infraestructuras de generación ya construidas, como las viejas centrales nucleares.

El lobby de las eléctricas Recomienda, además, que los proveedores puedan desarrollar «ofertas específicas para consumidores específicos» y desaconseja «hacer obligatorios los productos de precio fijo como herramienta contra los precios altos», ya que los costos de cobertura asociados «no garantizan el precio más bajo para los clientes».

Por otro lado, la industria recuerda que «la crisis energética reveló que un puñado de proveedores deshonestos emplearon comportamientos arriesgados y no cubrieron adecuadamente» sus operaciones.

Pero considera que la solución para garantizar la resiliencia y la solidez financiera de los proveedores no es «normalizar las estrategias de cobertura vinculándolas obligatoriamente a instrumentos de cobertura específicos» como los contratos PPA, sino realizar «pruebas de resistencia y requisitos de presentación de informes».