El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha pedido la apertura de los periodos de conversión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones del grupo de dos emisiones por 230 millones de euros, con lo que se diluirá el capital de todos los propietarios de este conglomerado. Además, el consejo se reducirá de 15 a 11 miembros, con cuatro salidas. Son las medidas tomadas por Oughourlian para defenderse del intento de asalto del Gobierno de Sánchez al grupo de medios de comunicación, editor de medios como El País, Cinco Días, AS o la Cadena SER, por cierto, al igual que el líder socialista, de ideología izquierdista.
El consejo de administración de Prisa se reunirá para acordar esta solicitud, según ha anunciado este jueves Prisa en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Concretamente, lo ha pedido Oviedo Holdings, una de las entidades a través de las cuales el fondo de inversión Amber Capital -fundado por Oughourlian- canaliza su inversión en Prisa y que es titular de más del 5 % de las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias de este grupo emitidas en febrero de 2023 y en abril de 2024.
Estas obligaciones tenían como vencimiento 2028 y 2029, las primeras (de una emisión de 2023) se correspondían a una oferta por un importe de 130 millones y, las segundas (de 2024) por 99,9 millones.
La capitalización bursátil de Prisa es de 423,6 millones repartidos en 1.086 millones de acciones.
La sociedad controlada por el presidente de Prisa se ha comprometido a convertir al menos aquellas obligaciones que le han dado derecho a solicitar la apertura de dichos periodos extraordinarios, es decir, un 5 %.
Una vez que se hayan convertido los bonos, se diluirá la participación de los accionistas.
Un consejo que se reducirá a once miembros
Esta petición la hace un mes después de que el consejo de administración de Prisa aprobara plantear a la junta de accionistas la reducción del número de miembros de este órgano de 15 a 11, lo que conllevará la salida de cuatro consejeros.
Uno de estos consejeros que han salido ya es Carlos Núñez, quien fuera presidente de Prisa Media y quien dimitiera después de que el consejo rechazara concurrir al concurso de adjudicación de una televisión en abierto que el Gobierno prevé licitar.
Esta petición de canje de bonos lo pide después de que Prisa anunciara este lunes la ampliación de capital del grupo para captar al menos 40 millones con el que refinanciar su deuda, una medida que también afectará al número de acciones que tendrá cada titular.
Según los datos de gobierno corporativo de 2024, el presidente de Prisa posee el 29,72 % de los derechos de voto; Vivendi, el 11,87 %; y en tercer lugar está Global Alconaba, el holding de empresas que se constituyó en 2022 para entrar en Prisa con Andrés Varela Entrecanales de Administrador, con 7,63 %.
Entre otros accionistas, también figuran Rucandio, de la familia Polanco, con un 7,32 %; y el Banco Santander, con 3,15 %.
Prisa, en el centro de la polémica
Prisa vive días intensos en el seno de su capital Todo empezó cuando su presidente Joseph Oughourlian, y máximo accionista con su fondo Amber Capital, se opuso a acudir al concurso de la nueva televisión en abierto que ha anunciado el Gobierno y que sí apoyaban varios directivos bien relacionados con Pedro Sánchez. Tras la negativa del consejo, Oughourlian procedió a despidos. Fue entonces cuando Pedro Sánchez encargó a Óscar López, ministro de Transición Digital, y Marc Murtra, presidente de Telefónica, que negociasen, aprovechando un encuentro en París sobre telecomunicaciones, con Vivendi, también accionista del grupo, la salida de Oughourlian de Prisa a cambio de negocios en Movistar Plus, que ha pasado a ser presidida por otro socialista de toda la vida, Javier de Paz.
Vivendi, escandalizada por la intromisión del Ejecutivo de Sánchez en una empresa privada y cotizada, filtró dicha presión de López y Murtra al diario francés ‘Le Point’, que publicó toda la información sobre el proceder del gobierno socialista español.
Tras trascender ese noticia, Joseph Oughourlian, en un editorial en El País, acusó a Pedro Sánchez de actuar de la misma forma que un dictador, como el General Franco, al que tanto partido le saca el líder socialista cuando le van mal las cosas o quiere desviar la atención sobre temas presentes de mucha mayor envergadura que el de una figura que lleva muerta 50 años.
El PP ha preguntado por esta actuación irregular de un Gobierno democrático en una empresa privada y cotizada de Bolsa, y Sánchez, como es habitual en él, no ha respondido o lo ha hecho con otros asuntos que nada tiene que ver con lo interpelado por Feijóo en el Congreso de los Diputados, sede la Soberanía Nacional.
