Sube de tono la guerra contra Repsol: A Iberdrola y Ribera se suman consumidores y ecologistas

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Greenpeace han presentado sendas denuncias por «declaraciones ambientales engañosas» contra Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante la Dirección General de Consumo. Esta batalla comenzó con la denuncia de Iberdrola sobre la petrolera, una denuncia que contó con el apoyo de la vicepresidenta Tercer y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no dudo en cargar las tintas contra el grupo presidido por Andoni Brufau y dirigido por Josu Jon Imaz.

Las tres organizaciones demandantes han llevado a cabo una investigación, durante 2022 y 2023, focalizada en el impacto de la actividad de la empresa Repsol sobre la deforestación en Indonesia y su contribución al aumento de las emisiones responsables del cambio climático, han señalado en un comunicado.

A juicio de consumidores y ecologistas, que se suman a la denuncia de Iberdrola y a las críticas de la ministra Ribera, Repsol vulnera hasta cuatro leyes estatales

De esta manera, el comportamiento de Repsol «vulnera» la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal, han observado las organizaciones.

España es el principal importador de aceite de palma de Indonesia y el mayor productor de biocombustibles en la Unión Europea (UE) debido a que el 72,5 % del biodiésel y casi el 100 % del hidrobiodiésel se fabrica con aceite de palma, han explicado los ecologistas que precisan que Repsol es uno de los principales productores de biodiésel con dicho aceite.

Por su parte, fuentes de Repsol han señalado que «estas demandas tratan de desprestigiar» una solución que la Unión Europea considera válida y alternativa a la electrificación para reducir de manera inmediata y asequible las emisiones de CO2. Además, han insistido, «tratan de confundir a la sociedad», cuando la materia prima que se emplea está regulada por la normativa, supervisada y certificada.

Por su parte, las organizaciones denunciantes, y a partir de los informes periciales, han concluido que la empresa Repsol «oculta» en su comunicación pública y en su publicidad la deforestación y demás impactos ambientales y sociales provocados para la producción del aceite de palma que se utiliza para la fabricación de sus biocombustibles.