Telefónica ha solicitado a un tribunal de EE.UU. que haga cumplir un laudo arbitral contra Colombia de más de 380 millones de dólares (unos 330 millones de euros al cambio actual), más los intereses, -en torno a 500 millones de dólares, unos 430 millones de euros- relacionado con la reversión de activos de una concesión de telecomunicaciones, según han informado a EFE fuentes conocedoras.
La diputa se remonta a 1994, cuando Colombia otorgó una concesión de espectro a Telefónica para prestar servicios móviles en Colombia.
Cuatro años después, el Estado colombiano aprobó una ley que establecía la reversión de determinados activos y espectro asociado a determinadas concesiones.
En 2013, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que aplicar de forma retroactiva esas nuevas leyes a los contratos anteriores a la ley era inconstitucional, pues vulneraba los derechos ya adquiridos en el contrato original.
Pese a ello, un arbitraje celebrado en 2016 ante la Cámara de Comercio de Bógota dio la razón al Gobierno colombiano.
Fallo del CIADI en 2024 en contra de Colombia y a favor de Telefónica
Telefónica llevó en 2018 el caso al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) -un organismo del Grupo Banco Mundial con sede en Washington-, al considerar que Colombia había modificado de forma sustancial el marco regulatorio aplicable a su inversión.
El tribunal falló el 12 de noviembre de 2024 a favor de Telefónica, al concluir que la actuación del Estado colombiano supuso una alternación del marco legal y vulneró el estándar de trato justo y equitativo recogido en el tratado bilateral de inversiones entre ambos países.
Como consecuencia, el CIADI ordenó a Colombia indemnizar a Telefónica con 380 millones de dólares, cantidad al a que se añaden intereses de 5 % anual.
Tras el laudo, el Gobierno colombiano de Petro solicitó la suspensión de la ejecución y la anulación de la decisión arbitral.
Sin embargo, a comienzos de 2026, el CIADI rechazó suspender el pago al considerar que Colombia no había aportado las garantías requeridas.
Ante esta situación, Telefónica presentó el 2 de junio una solicitud ante un tribunal estadounidense para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral.
El Gobierno colombiano anunció el pasado abril que pensaba agotar todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales para defender los intereses del Estado para suspender la ejecución del laudo.
Telefónica cerró la venta de su filial en Colombia a Millicom por 214 millones de dólares el pasado feberero dentro del proceso de desinversiones puesto en marcha en Hispanoamérica, donde únicamente mantiene su filial de Venezuela, activo que también quiere vender.