Un juez belga embarga 32 millones a Enaire a instancias del fondo Blasket por un laudo de las renovables
Enaire es la empresa pública española que controla un 51% de Aena y de la que depende el control del tráfico aéreo.

Un juez belga embarga 32 millones a Enaire a instancias del fondo Blasket por un laudo de las renovables

11 julio, 2024
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Actualizado: 11 julio, 2024 11:23
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Un Tribunal de Apelación de Bélgica ha autorizado el embargo de 32 millones de euros en ingresos de España a través de Enaire, la agencia española de navegación aérea que es el mayor accionista de Aena con el 51% del capital, por un laudo condenatorio por las primas a las renovables.

La sentencia, con fecha del pasado 18 de junio, se refiere en concreto al embargo de los ingresos que España obtiene por la gestión del tráfico aéreo, transferidos mensualmente a Enaire por Eurocontrol, según informó la empresa denunciante, el fondo de inversión estadounidense Blasket Renewable Investments.

En concreto, la deuda original era de 28 millones de euros, a los que se suman los intereses de demora, explica el fondo en un comunicado distribuido en Madrid, en el que se precisa que la factura total es de unos 41 millones si se tienen en cuenta los 4,6 millones adicionales que España ha tenido que pagar en concepto de costas en este mismo asunto.

España, sin noticias del embargo a Enaire

Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron que «el reino de España tiene notificación de dicho intento de ejecución en Bélgica por el fondo americano del mencionado laudo arbitral».

Dijeron también que ese fondo, «contraviniendo el Derecho de la Unión Europea en materia de Ayudas de Estado y con pleno conocimiento de la obligación del Reino de España de no efectuar ningún pago derivado de los laudos impuesta por la Comisión Europea, ha solicitado la ejecución del laudo a las autoridades jurisdiccionales belgas».

Las mismas fuentes señalaron que España «se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol», organización internacional.

En particular, el juez belga ha declarado que «el demandante tiene un derecho de cobro que hace a España susceptible de sufrir el embargo reclamado», al tiempo que subraya que «no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables».

A esto añade que «nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores».

Un tribunal belga autoriza el embargo al demandante

En consecuencia, el Tribunal de Apelación de Bruselas «autoriza al denunciante a ejecutar el embargo contra terceras partes a expensas del Reino de España», concluye la sentencia del tribunal belga.

Este nuevo revés judicial se suma a los que se han ido produciendo en varios tribunales tribunales británicos, donde existen varias demandas contra España por el impago de los laudos condenatorios por la retirada de las primas a las renovables, así como en Australia y Estados Unidos.

En abril del pasado año, por este mismo caso se ordenó el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña, Acció, aunque en su decisión del 9 de noviembre pasado no alude a estas disposiciones, que continúan en litigio.

Las desorbitadas primas a las renovables de Zapatero, origen del problema

El problema se remonta a los años 2012 y 2013, cuando el Gobierno del Partido Popular una serie de medidas que recortaban las desorbitadas e incoherentes primas a las renovables que había puesto en marcha el Ejecutivo socialista de Zapatero, y que luego recortó entre las medidas anticrisis por el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

En 2013, en concreto, se aprobó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista por numerosas instalaciones renovables, y hubo inversores internacionales que acudieron a las cortes de arbitraje internacional para denunciar a España.

Se presentaron entonces 51 arbitrajes en distintos tribunales, la mayoría de ellos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -un organismo dependiente del Banco Mundial- ante el que en total reclamaban unos 10.000 millones de euros.

Por otra parte, en agosto pasado, un juez británico autorizó a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los titulares del llamado laudo Antin- una orden provisional de embargo sobre los terrenos en los que se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Londres.

Ya en noviembre de 2023, otro juez británico autorizó el embargo de cuatro cuentas del Instituto Cervantes en el Reino Unido en el que también estaba involucrada la compañía Blasket Renewable Investments.

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