USCA y CCOO, sindicatos mayoritarios en el ámbito del control del tránsito aéreo, han amenazado con nuevas movilizaciones en Saerco si las autoridades no actúan ante la «grave» situación que atraviesa este proveedor privado y las repercusiones que esta puede tener sobre la seguridad operacional.
Los sindicatos han recordado este lunes en un comunicado que la propia empresa reconoce en una sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional del pasado 30 de junio su imposibilidad de cumplir con las condiciones laborales establecidas por un laudo arbitral obligatorio, con el argumento de que su aplicación la llevaría a la quiebra.
Según las organizaciones sindicales, este hecho pone en cuestión la capacidad de Saerco para cumplir con el principio de sostenibilidad económica, uno de los requisitos esenciales que establece la ley para la prestación de servicios de tránsito aéreo que obliga a que se presten de forma segura, eficaz, continuada y económicamente.
Cualquier incumplimiento de estas condiciones puede dar lugar a la revisión o retirada de la certificación como proveedor ATS por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), han explicado.
USCA y CCOO solicitan al Ministerio de Transportes que aplique la normativa vigente en Saerco
En este contexto, solicitan al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, que, en coordinación con AESA, aplique la normativa vigente que regula el sector, a fin de garantizar tanto la prestación ininterrumpida de un servicio público esencial como el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas en el laudo arbitral.
USCA ya exigió al ministerio a finales de julio que Enaire asumiera temporalmente el control de las torres de los aeropuertos que están a cargo de Saerco.
Se trata de los aeropuertos de Sevilla; Jerez (Cádiz); Cuatro Vientos (Madrid); Vigo (Pontevedra), La Coruña; La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Canarias).
Para los sindicatos, es especialmente preocupante la situación en los aeropuertos canarios, donde la insularidad convierte el transporte aéreo en un recurso esencial no solo para el turismo, sino para garantizar el acceso de la ciudadanía a servicios básicos como sanidad, educación o atención social.
La falta de actuación por parte de las autoridades «comprometería gravemente la seguridad operacional, el derecho a la movilidad ciudadana y los derechos laborales de los controladores, obligándonos a valorar nuevas iniciativas sindicales en defensa de estos principios», han advertido.
