Reinaugurada a bombo y platillo la demolición de la Operación Campamento –antes ya lo había hecho Zapatero en 2006 con José Bono como ministro de Defensa– por Pedro Sánchez en enero de 2026 con gran despliegue de maquinará y personal, estos han desparecido días después y en esos terrenos no hay ninguna actividad. Por si fuera poco, la ministra del los récords de la vivienda en España, ya sea en los precios de alquiler o en los de compra, Isabel Rodríguez, culpa al Ayuntamiento de Madrid de esa situación. La reacción del alcalde Almeida no se ha hecho esperar.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha solicitado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que «rectifique inmediatamente» unas declaraciones «inaceptables» en las que afirmó que le «encantaría intervenir con un 155» a la capital en relación con la Operación Campamento, y le reprocha una «deslealtad institucional».
El Consistorio ha recordado, en una carta remitida a la ministra a la que ha tenido acceso EFE, que ha mantenido «una actitud de leal colaboración» con el Gobierno de España para impulsar este desarrollo urbanístico y subraya que, en los últimos meses, los equipos técnicos de ambas administraciones han celebrado «numerosas reuniones» con «discreción y eficacia».
Hay una «notable ausencia de medios materiales y personales» en la zona de la Operación Campamento cuyo demolición, que en 2006 inauguró Zapatero, reinauguró Sánchez el pasado mes de enero
No obstante, se hace eco de la «incertidumbre» existente sobre la evolución de las obras, una preocupación que, según señala, comparten ciudadanos y medios de comunicación ante la «notable ausencia de medios materiales y personales» en la zona.
El Ayuntamiento insiste en que mantiene «las puertas abiertas y la mano tendida» para facilitar los trámites necesarios para impulsar la Operación Campamento, aunque sostiene que ese clima de cooperación se rompió «de forma unilateral» por parte del Gobierno.
En ese contexto, el Consistorio considera «sorprendente» que la ministra solicite ahora «la mayor colaboración y diligencia» para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización el mismo día en que realizó las citadas declaraciones sobre una posible aplicación del artículo 155.
El Ayuntamiento califica esas palabras de «barbaridad jurídica» y sostiene que evidencian, desde el punto de vista político, una deslealtad institucional «incompatible con el mínimo decoro» en el ejercicio de competencias compartidas entre administraciones.
