Baleares se suma a Madrid, Andalucía y País Vasco y recurre al Constitucional la Ley de Vivienda

El Govern balear ha autorizado este viernes a la Abogacía de las Islas Baleares a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra 9 artículos y 4 disposiciones de la Ley de Vivienda por invadir competencias autonómicas.

El Govern (PP) considera que esta ley estatal, aprobada en mayo pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE), invade competencias «exclusivas» de Baleares en materia de vivienda.

En rueda de prensa, la nueva consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha manifestado que la comunidad tiene competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio, incluyendo el litoral, el urbanismo y la vivienda, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, y por ello elevará este asunto al Constitucional.

Madrid, Andalucía y País Vasco ya han recurrido la Ley de Vivienda al Constitucional

«Hay una invasión clarísima, es la opinión del Govern y de la Abogacía», ha dicho la consellera, que ha recordado que Madrid, Andalucía y País Vasco ya han interpuesto sus recursos por el mismo motivo.

De acuerdo con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, se observa que la ley estatal desconoce el reparto competencial que establece la Constitución Española, sobrepasando la competencia estatal y se invade el ámbito propio de las comunidades autónomas.

La Abogacía identifica nueve artículos y cuatro disposiciones de la norma estatal que, en algunos de sus apartados, vulneran el Estatuto de Autonomía.

Entre otros, se incide en las regulaciones de la vivienda protegida, el parque público de viviendas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, las medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento o las modificaciones de la Ley de enjuiciamiento civil.

El sector inmobiliario, unánime, carga contra la Ley

La limitación de los precios de alquiler que permite la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda a comunidades y ayuntamientos es la medida que más rechazo suscita en el sector, donde es unánime el convencimiento de que llevará a los arrendadores a vender sus viviendas o a pasarlas al alquiler turístico, al de temporada o al de habitaciones, en busca de mayor rentabilidad y seguridad.

Con ello -dicen- la oferta caerá estrepitosamente y proliferará el mercado negro, como aseguran que han demostrado los precedentes de París y Berlín.