El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto expediente sancionador a la cadena de inmobiliarias Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación de vivienda, según ha informado Facua.
En un comunicado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se informa de que ha abierto un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria que opera en toda España, aunque no la nombra, pero Facua la identifica como Alquiler Seguro, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro.
En ese mismo comunicado de prensa, el departamento que dirige Pablo Bustinduy explica que este procedimiento se enmarca en la investigación abierta el pasado mes de octubre, que sigue en marcha y podría afectar a otras inmobiliarias.
La Dirección General de Consumo ha requerido información a estas agencias tras recibir denuncias del Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Facua identifica a Alquiler Seguro como la gran agencia inmobiliaria que opera en toda España a la que el Ministerio de Consumo ha abierto expediente
Esta asociación de consumidores denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21 % de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un «servicio de atención al arrendatario».
La empresa inmobiliaria ha contactado con la asociación para asegurarle que, tras su denuncia, ha dejado de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda, ha indicado Facua en un comunicado.
Sin embargo, ha precisado que la Dirección General de Consumo «habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa».
Facua también denunció los hechos ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid por estar allí la sede central de la empresa, pero la administración autonómica no le ha aclarado si llevó a cabo actuaciones al respecto, ha señalado.
La Dirección General de Consumo del Ministerio ha indicado que la iniciación del expediente sancionador no prejuzga el resultado final de la investigación, según Facua.
Desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos en mayo de 2023 para prohibir el cobro de honorarios a los inquilinos, Facua ha denunciado a varias decenas de inmobiliarias ante distintas administraciones de consumo, pero casi todos los casos siguen a la espera de respuesta.
Multa de 1.000 euros
La única multa que había trascendido hasta hoy tuvo un importe «ridículo» y fueron 1.000 euros aplicados a mediados del año pasado por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a la inmobiliaria Adamas Home como consecuencia de otra denuncia de Facua.
Por su parte, el Ministerio de Consumo mantiene abiertas desde el pasado octubre investigaciones sobre otras cadenas de inmobiliarias que operan en varias comunidades autónomas o en todo el territorio nacional «que también podrían haber cometido estas u otras prácticas» contrarias a la legislación que protege los derechos de los inquilinos y les ha solicitado un requerimiento de información, ha apuntado la organización de consumidores.
