La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado a la Fiscalía General del Estado a que investigue las quejas de centenares de mutualistas de Muface, que han visto cómo sus peticiones de asistencia sanitaria se rechazaron en los últimos meses por parte de las compañías aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa.
El objetivo es determinar posibles responsabilidades penales tanto de las compañías como de las personas físicas que pudieran haber participado como autores o partícipes en los hechos denunciados.
Gracias a las presiones de CSIF y a la interlocución con Gobierno y aseguradoras privadas, el ministerio ha presentado una nueva oferta económica, que están estudiando las compañías.
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha explicado tras presentar la denuncia que el sindicato quiere que la justicia investigue las interrupciones que se han producido estos últimos meses en tratamientos médicos y citas médicas, y que se determinen las posibles responsabilidades penales, dado que «se ha estado jugando con la salud de más de un millón y medio de personas».
El secretario ha explicado que estas quejas se llevan notificando desde octubre y que la «injustificada negativa de las aseguradoras constituye un problema de salud pública».
Aunque las denuncias se dirigen contra las aseguradoras, Lama ha considerado que Muface es la «última responsable» de la situación, dado que tendría que garantizar que «los mutualistas reciben la prestación médica adecuada».
El líder sindical ha acudido a la Fiscalía General acompañado del hijo de un funcionario afectado, Óscar Martínez, quien ha relatado que a su padre se le denegó una prueba hace tres meses, sin que por el momento le hayan dado una solución.
CSIF mantiene la huelga el 13 de febrero
CSIF confía en que el concurso se resuelva satisfactoriamente el 4 de marzo, pero cree que la situación «se ha prolongado en el tiempo de manera innecesaria», razón por la que de momento descarta desconvocar la huelga de este jueves 13 de febrero.
Al paro están convocados más de medio millón de funcionarios entre personal público docente (tanto universitario como no universitario), personal de los centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y personal funcionario de Correos.
La prórroga de la segunda licitación del convenio hasta 2027 incluye una mejora económica de 330 millones de euros, hasta un total de 4.808,5 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima media por asegurado del 41,2 %.
