El sector inmobiliario denuncia que el tope es una ‘intervención encubierta’ del precio de los alquileres

Las principales empresas que operan en el mercado del alquiler no dudan de que el Gobierno prorrogará la medida de limitar la subida de las rentas al 2 %, que ha aprobado hoy para los contratos que se renueven hasta el 30 de junio, lo que a su juicio es una «intervención encubierta» del precio de los alquileres.

El presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha opinado además que el Gobierno «llega tarde» con esta medida y ha explicado que, tomando como referencia la inflación media en 2021, «el valor más real debería ser una actualización de las rentas de alquiler del 3 %».

«A pesar que se anuncie como transitoria, no tengo ninguna duda de que se prorrogará, con lo cual se corre el peligro de que se convierta en otra forma de intervenir el precio de los alquileres, congelando el mecanismo de actualización de rentas previsto en el artículo 18 de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos)», señala Zurdo en un comunicado.

También ha subrayado que la medida aprobada este martes por el Consejo de Ministros «va a crear dos clases de inquilinos: los que tuvieron la fortuna de actualizar sus rentas después del 1 de abril y los que no tuvieron esa fortuna», y lo mismo ocurre con los arrendadores.

Desde diciembre, cuando el IPC empezó a dispararse, la ANA viene defendiendo que «mucho mejor que intervenir el precio de los alquileres es controlar la inflación bajando el IVA de los productos que conforman la bolsa del IPC».

En la misma línea, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Aamdei) ha dicho que teme que «esta medida limitativa de la actualización de los alquileres, que en principio es provisional durante tres meses, pueda seguir prorrogándose en el tiempo, al igual que ha ocurrido con las medidas de escudo social como consecuencia de la pandemia».

Esta asociación, que asesora a las agencias inmobiliarias de la Comunidad de Madrid, considera que la limitación del 2 % en la subida de los alquileres es una más de las «medidas intervencionistas del Ejecutivo que contribuyen a cargar sobre el derecho de propiedad únicamente la solución de los males derivados de una política errática en materia de acceso a la vivienda».

Su secretario general, Jesús Manuel Martínez Caja, cree que aumentará la conflictividad judicial y que el Estado deberá indemnizar a los propietarios que reclamen, si no adopta medidas compensatorias.

También pronostica que habrá futuros incrementos de las rentas en los nuevos contratos, dado que los arrendadores buscarán compensar la limitación de las actualizaciones