España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social: la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Según Cáritas, tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas.
Así se desprende del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, realizado por un equipo de 140 investigadores procedentes de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector. El estudio ha sido presentado este miércoles por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del informe.
Vivienda y el empleo precario, principales causas de la exclusión en España
Los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo. “La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias”, aseguró Flores.
Los datos son claros. El 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, la cifra más alta de la UE. El alquiler se ha convertido en una trampa de pobreza.
Aunque el empleo mejora macroeconómicamente, ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora. La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad (47,5%) de la población activa. Se trata de 11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.
A estos dos grandes motores se suman otros cuatro factores multiplicadores de la exclusión: la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones sociales. El informe demuestra que la ESO ya no protege. El «cortafuegos» contra la pobreza y la exclusión se ha desplazado al Bachillerato y a la FP. El dato es rotundo: si una persona no consigue completar estudios superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.
La infancia y la juventud, los grandes perdedores
Los grandes perdedores son los jóvenes y los niños. Un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores de edad, cuya tasa de pobreza se sitúa en el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y de las mayores de Europa. A ellos se suma buena parte de la juventud que vive una situación de bloqueo vital: 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad estructural, enfrentando tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y salarios bajos que duplican la media española.
La desigualdad salarial se enquista, golpeando especialmente a la juventud, que accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores a las generaciones anteriores, rompiendo el equilibrio intergeneracional. Este “efecto cicatriz” que persiste sobre los salarios y la trayectoria laboral, genera pérdidas salariales acumuladas significativas a lo largo de la carrera profesional.
“Esta no es una ‘crisis juvenil’, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos: fractura la cohesión social, amenaza la sostenibilidad del Estado de Bienestar (pensiones, natalidad) y deteriora nuestra salud democrática”, precisó el coordinador del estudio.
