El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha autorizado a ejecutar el embargo de cuatro cuentas del Instituto Cervantes en el Reino Unido por un laudo condenatorio contra España por las primas a las renovables, confirmaron fuentes de la institución española.
En su decisión del 9 de noviembre, el juez Richard Davison, de la división comercial de la mencionada corte autorizó una llamada orden de cobro de deuda a terceros, que afecta a una cuenta del Cervantes en Londres, dos en Leeds y otra en Manchester (norte de Inglaterra).
Según un portavoz de los receptores del laudo -Blasket Renewable Investments-, el saldo acumulado en esas cuentas que ha sido intervenido por la Justicia británica asciende a 699.000 libras (unos 806.000 euros).
La justicia ha vuelto así a respaldar la petición de ese grupo inversor para cobrar la compensación de 28,2 millones de euros decretada en 2021 por un laudo del CIADI, el órgano de arbitrajes del Banco Mundial en Estados Unidos, en relación a las ayudas a las energías renovables que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2013.
Según la sentencia judicial, el monto total de la deuda de España a estos acreedores asciende a más de 35 millones de libras (casi 40 millones de euros, al cambio de hoy), al sumarse los intereses y las condenas en costas.
El juez Davison da un plazo extraordinario de dos meses al Gobierno español para recurrir su decisión, pues entiende que puede alegar su derecho a la «inmunidad estatal», como ha sido la línea de defensa española en este tipo de casos en el pasado.
Este es un nuevo revés judicial a España por la retirada de las primas a las renovables
Este nuevo revés judicial se suma a los que se han ido produciendo a lo largo de 2023 en los tribunales británicos, donde existen varias demandas contra España por el impago de los laudos condenatorios por la retirada de las generosas primas a las renovables de Zapatero en muchas ocasiones concedidas a instalaciones que nunca llegaron a funcionar y retiró Rajoy por su inasumible coste.
El pasado abril, por este mismo caso se ordenó el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña, Acció, aunque en su decisión del 9 de noviembre el juez Davison no alude a estas disposiciones, que continúan en litigio.
Por otra parte, en agosto pasado, el juez Gary Thornett autorizó a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los titulares del llamado laudo Antin- una orden provisional de embargo sobre los terrenos en los que se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Londres.
