El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves, como no podía ser de otra forma en campaña electoral, que el 1 de enero se subirá el sueldo de los funcionarios, aunque, eso sí, ni se ha comprometido o no ha sabido por desconocerlo concretar la fecha en la que el Gobierno procederá a aprobar esta medida. López también guarda silencio sobre la petición de ocho sindicatos profesionales de funcionarios, ajenos por tanto a UGT y CCOO, que reclaman la recuperación íntegra del recorte de 2010 de la paga extraordinaria, una medida que afecta a 2,9 millones de funcionarios decretada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y que dio su apoyo Sánchez con su voto en el Congreso como diputado del PSOE ese año.
En una entrevista en el programa «Las Mañanas», de la radio pública RNE, ha insistido en que el Ejecutivo «cumple con sus compromisos, y más con los sindicatos», por lo que el salario de los empleados públicos «sí se va a subir».
El Gobierno se pone medallas con la subida salarial de los funcionarios pactada en convenio en 2024
«Es un compromiso que alcanzó este Gobierno con todas las centrales sindicales» e «hicimos un acuerdo que era para cuatro años. Ya se cumplió, por supuesto, el año pasado y se tiene que cumplir el año que viene, el 1 de enero», ha detallado. Pero, a menos de tres meses, y con las elecciones del 29N de por medio, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid no sabe cuando la fecha de aprobación, que posiblemente se la guarde el PSOE como baza electoral, usando a los funcionarios políticamente a favor.
CCOO, UGT y CSIF ya dijeron esta misma semana que el Gobierno se había comprometido con ellos a subir el salario de los empleados públicos en un 4,5 % en 2027.
El acuerdo con el Ejecutivo establecía un incremento salarial fijo del 2,5 % para 2025, un incremento fijo del 1,5 % y un incremento variable (dependiendo de la evolución del IPC) del 0,5 % para 2026, y un incremento fijo del 4,5 % para el año 2027.
CCOO ha exigido al Gobierno «que diga cuándo lo va a aprobar», mientras que UGT y CSIF han considerado que debería suceder antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar retrasos.
Los sindicatos profesionales de funcionarios reclaman al Gobierno la reversión de los recortes de la paga extra decretados por Zapatero en 2010 con el visto bueno de Sánchez como diputado del Congreso
Ocho sindicatos de funcionarios y resto de empleados públicos, entre los que no se encuentran ni CCOO ni UGT, ambos afines a la política del Gobierno de Sánchez, anuncian acciones conjuntas para reclamar la recuperación íntegra del recorte de 2010 de la paga extraordinaria, una medida que afecta a 2,9 millones de funcionarios decretada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy imputado por numerosos delitos, y que se ha prolongado a lo largo del tiempo pese a su carácter excepcional.
Sindicatos médicos (CESM, SMA, SME), de funcionarios de prisiones (TAMPM), inspectores de Educación (USIE), docentes (ANPE), policía (SUP) y altos funcionarios (FEDECA) se han unido en una «plataforma transversal» para exigir al Gobierno la vuelta al modelo retributivo previo a 2010.
