Rechazo ‘frontal y absoluto’ de los inspectores de Hacienda a la cesión del 100% de tributos a Cataluña por inconstitucional
Los inspectores de Hacienda del Estado han mostrado este jueves su rechazo «frontal y absoluto» a los acuerdos para una futura investidura de Pedro Sánchez como presidente para una nueva legislatura y tachan de inconstitucional la petición de cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña.
En un comunicado remitido por la Asociación Profesional que aglutina a este colectivo, los inspectores de Hacienda subrayan que «se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera».
En ese sentido, la citada asociación precisa que en los acuerdos por una futura investidura «se exige al PSOE que adopte medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión actual del modelo de financiación» de dicha comunidad autónoma, «que se recoge actualmente en la Ley Orgánica de Financiación» autonómica (LOFCA).
La mencionada exigencia, según el colectivo de inspectores, «podría implicar la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la Agencia Tributaria (AEAT) en Cataluña».
Una media que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado, denuncian los inspectores de Hacienda
«Nuestro colectivo se vería grave y directamente afectado», puntualiza el comunicado, que añade que, asimismo, se verían afectados «otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos» de la Administración General del Estado (AGE).
«Esta situación», añade el comunicado, «implica sin lugar a duda la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución y permite la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
Los acuerdos para una posible investidura, que hoy en un nuevo capítulo han hecho públicos PSOE y Junts, conllevan «ímplicítamente abusos de poder y de las instituciones del Estado», asegura la LOFCA.
Esta asociación indica que de todo lo anterior «se deriva un trato de favor, sin amparo legal alguno, hacia una parte de los españoles que residen en un territorio de la nación».