Los Gobiernos central y vasco volverán a negociar este miércoles la transferencia a Euskadi de la gestión de las prestaciones no contributivas a la familia y las de desempleo, lo que supone, en realidad, la ruptura de a caja única del SEPE, una competencia en exclusiva del Estado para garantiza que todos los desempleados tienen los mismos derechos, ni más ni menos, independientemente la comunidad autónoma donde resida.
La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ha sido la que ha desvelado la cita de mañana con el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz (Sumar), cuyas reticencias al traspaso han impedido hasta ahora que se haga efectivo.
En las últimas semanas ya ha habido «reuniones técnicas» acerca de estas transferencias, pero la portavoz llama a ser prudente sobre la reunión de mañana, y ha recordado que el Ministerio les pidió tiempo para poder «hacer cocina» en torno a este traspaso.
Así, Ubarretxena acude mañana con la «esperanza» de llegar a un acuerdo, pero ha admitido que no tiene «una bola de cristal» para conocer el resultado.
El Gobierno Vasco negocia el traspaso del SEPE en su comunidad autónoma, incluidos funcionarios y partidas presupuestarias
Según el Gobierno Vasco, la transferencia de esta competencia supondrá que gestionará y abonará las tres prestaciones familiares no contributivas y el subsidio especial por nacimiento, mientras que el Estado retendrá la capacidad normativa sobre las mismas.
Conllevaría además el traspaso a la Administración autonómica de los medios materiales y personales que se dedican a este asunto localizados en los organismos y entidades de la Seguridad Social en el País Vasco.
Otro de los asuntos que se está negociando es el traspaso del subsidio por desempleo y la prestación contributiva del paro (SEPE), que implicaría la asunción por parte del País Vasco de su gestión -que ahora hace el SEPE-, incluidos su reconocimiento y pago.
Con la consecución de estas dos competencias el País Vasco cerraría el círculo de las políticas activas -el apoyo a la búsqueda de empleo, cuya competencia ya tiene- y pasivas de empleo.